Más de 370 identificaciones falsas y al menos 300 menores de edad rechazados fue el saldo de los operativos realizados durante el cierre de año en establecimientos de entretenimiento de San Luis Potosí, como resultado del trabajo coordinado entre empresarios del sector y autoridades municipales y estatales.
Así lo informó Roberto Arturo Pinto, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento de San Luis Potosí, quien detalló que tan solo en diciembre de 2025 se detectaron alrededor de 370 credenciales que no pudieron ser validadas mediante la aplicación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, señaló que más de 300 menores intentaron ingresar a antros y eventos regulados, por lo que fueron rechazados.
Pinto destacó que estos resultados son consecuencia de la coordinación en materia administrativa y de seguridad, lo que también ha permitido detectar y clausurar eventos clandestinos, los cuales suelen incrementarse durante el cierre de año. Advirtió que este tipo de actividades representan un riesgo grave, al facilitar el acceso de menores de edad, el consumo de alcohol y operar sin cumplir con normas de protección civil, aforo y seguridad.
El líder empresarial subrayó que los eventos ilegales no solo ponen en riesgo la integridad de los asistentes, sino que también afectan la economía de los empresarios formales, quienes invierten para cumplir con la ley y con los protocolos de seguridad, salud y prevención.
En cuanto a las medidas para evitar el ingreso de menores, explicó que se acordó con autoridades municipales el uso de herramientas digitales, en particular la aplicación oficial “Valida INE”, que permite verificar en tiempo real la autenticidad de las identificaciones mediante el código QR. A diferencia de las revisiones físicas, esta tecnología confirma de inmediato si la credencial corresponde a la persona que la presenta.
Agregó que la Policía Cibernética del Ayuntamiento ha sido clave para la detección de eventos clandestinos mediante el monitoreo digital, además de las denuncias ciudadanas y de los propios empresarios, que permiten alertar a las autoridades para verificar si cuentan con los permisos correspondientes.
Finalmente, Roberto Arturo Pinto aclaró que los empresarios no tienen facultades para retener documentos ni detener personas, por lo que su actuación se limita a negar el acceso cuando una identificación no es válida o existe sospecha de que se trate de un menor de edad, refrendando su compromiso con la legalidad y la seguridad en los espacios de entretenimiento.