Isabel García
El propio Ayuntamiento de San Luis Potosí terminó por reconocer un problema que padecen los ciudadanos, se trata del robo y corte constante del cableado del alumbrado público, una situación que no solo refleja pérdidas económicas millonarias, sino también una profunda falta de vigilancia y control en las calles de la capital potosina.
Fue el director de Servicios Municipales, Cristian Azuara Azuara, quien admitió que estos actos se han convertido en una de las principales complicaciones operativas para el municipio, ya que los robos se repiten una y otra vez, incluso en zonas que acaban de ser rehabilitadas e inauguradas por la propia autoridad municipal.
#SLP El propio Ayuntamiento de SLP terminó por reconocer un problema del robo y corte constante del cableado del alumbrado público, una situación que no solo refleja pérdidas económicas millonarias, sino también una profunda falta de vigilancia y control en las calles. pic.twitter.com/Fg2XcNScVC
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) February 8, 2026
De acuerdo con el funcionario, los delincuentes han actuado principalmente en puntos estratégicos como avenida Carranza, la Alameda Juan Sarabia, el Acceso Norte a la altura del Puente Naranja y la avenida de la Paz, espacios emblemáticos de la ciudad que, pese a su relevancia, carecen de vigilancia efectiva.
Particularmente alarmante resulta el caso del Acceso Norte, donde el cableado ha sido robado o dañado al menos en tres ocasiones en lo que va del año, incluyendo un episodio reciente en el que el material fue retirado por completo.
Lejos de tratarse de hechos aislados, estas acciones reflejan un patrón de impunidad y ausencia de prevención por parte de la administración municipal.
Aunque Azuara Azuara señaló que estos daños representan costos elevados debido a la afectación de circuitos completos y no solo del cable, lo cierto es que el Ayuntamiento no ha logrado implementar estrategias reales que frenen estos robos, permitiendo que el problema se repita de manera sistemática y genere gastos extraordinarios que terminan pagando los ciudadanos.
El funcionario incluso reconoció que el alumbrado público se atiende principalmente a partir de denuncias ciudadanas, lo que deja en evidencia que no existe una supervisión permanente ni monitoreo preventivo por parte de la autoridad. En otras palabras, si no hay reporte, el problema simplemente se ignora.
Pese a que el Ayuntamiento presume una “regla no escrita” para restablecer el servicio en un máximo de 24 horas, la realidad en las calles muestra zonas completas a oscuras durante días, incrementando la percepción de inseguridad y el riesgo para peatones y automovilistas.
Aunque se anunció que se presentará una denuncia formal por los daños recientes y que la Secretaría de Seguridad dará seguimiento mediante cámaras, los robos continúan ocurriendo, confirmando que la vigilancia municipal ha sido insuficiente y reactiva, más preocupada por reparar después que por prevenir.