Luego de la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que las candidaturas a las alcaldías sean sometidas a exámenes de control y confianza, así como a pruebas toxicológicas, el secretario general de Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, reconoció que existen dudas sobre la constitucionalidad de una iniciativa de este tipo y su posible impacto en derechos humanos.
El funcionario estatal señaló que no está completamente seguro de que dicha medida pueda aplicarse sin vulnerar garantías individuales, aunque consideró que, en términos generales, quienes aspiran a un cargo de elección popular no deberían negarse a este tipo de evaluaciones. En ese sentido, sostuvo que la disposición a someterse a revisiones de este tipo enviaría un mensaje de transparencia, al señalar que “el que nada debe, nada teme”.
Torres Sánchez indicó que el Poder Ejecutivo mantiene una postura a favor de impulsar planteamientos orientados a fortalecer la integridad de quienes buscan cargos públicos, con el objetivo de conformar una clase política con mayores valores éticos y perfiles más confiables para la ciudadanía.
Añadió que, en caso de que este tipo de propuestas se consideren útiles para mejorar la calidad de las candidaturas, correspondería al Congreso del Estado analizar su viabilidad legal y determinar si es necesario legislar al respecto, evaluando cuidadosamente si se ajustan al marco constitucional y si no representan una violación a los derechos humanos.
Finalmente, reiteró que el Gobierno estatal es partidario de promover mecanismos que permitan garantizar que las personas postuladas por partidos políticos o por la vía independiente estén libres de señalamientos y cuenten con perfiles adecuados para el ejercicio de la función pública.