Ante la posible iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que las personas que busquen cargos de elección popular —en especial alcaldías— sean sometidas a exámenes toxicológicos, de control y de confianza, legisladores locales de oposición expresaron su postura y abrieron el debate sobre la legalidad de la medida en San Luis Potosí.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, señaló que si bien el objetivo de la propuesta puede ser positivo, la forma en que se plantea no es adecuada desde el punto de vista jurídico. Indicó que resulta legítimo buscar que los aspirantes a cargos públicos no tengan vínculos con la delincuencia organizada, como parte del fortalecimiento democrático.
Sin embargo, recordó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que no es posible obligar a una persona a someterse a exámenes de control y confianza para acceder a un cargo público, ya que este tipo de evaluaciones están diseñadas para áreas de seguridad pública y no para procesos electorales.
Guajardo Barrera destacó que la propuesta del Ejecutivo estatal abre un debate importante rumbo a una eventual reforma electoral con miras al proceso de 2027, aunque insistió en que deben buscarse alternativas legales que permitan garantizar perfiles confiables sin afectar derechos constitucionales.
Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, consideró pertinente analizar la viabilidad de la iniciativa, al señalar que es positivo contar con candidatos previamente evaluados, tanto en el aspecto ético como en temas de control, confianza y consumo de sustancias.
La legisladora priista sostuvo que los partidos políticos, y en particular el PRI, no deben permitir el acceso de perfiles desconocidos o con antecedentes ajenos a la vocación de servicio público, por lo que consideró necesario prevenir candidaturas que puedan afectar a la ciudadanía.
Finalmente, Rocha Medina coincidió en que la propuesta del Ejecutivo estatal debe revisarse a fondo para asegurar que quienes aspiren a cargos de elección popular cuenten con perfiles adecuados y contribuyan a fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos electorales.