En San Luis Potosí, el acceso a servicios básicos en algunas escuelas públicas ha sido posible únicamente tras la intervención del Poder Judicial, de acuerdo con información de la asociación civil Perteneces, que desde 2019 ha promovido juicios de amparo para exigir condiciones mínimas en planteles educativos del estado.
La organización ha recurrido a esta vía legal para demandar la rehabilitación de aulas, la instalación de internet y la colocación de aires acondicionados, especialmente ante las recurrentes olas de calor que afectan a diversas regiones. Flor Celeste Zamarrón García, abogada del área de litigio estratégico de la asociación, explicó que actualmente acompañan varios casos, principalmente en la región Huasteca, en municipios como Tamazunchale, Xilitla, San Vicente Tancuayalab y Ciudad Valles, donde existen amparos en escuelas de nivel inicial, primarias y secundarias, con mayor incidencia en preescolares. En el Altiplano, Matehuala es el único municipio donde llevan un caso activo.
La litigante señaló que en todos los juicios se han otorgado suspensiones e incluso sentencias favorables que obligan a las autoridades educativas a atender las carencias; sin embargo, reconoció que persiste resistencia institucional para cumplir plenamente con las resoluciones judiciales. Uno de los temas más complejos ha sido la instalación de sistemas de aire acondicionado, a pesar de que las olas de calor han sido reconocidas oficialmente y de que se ha anunciado la asignación de presupuesto para ese fin.
Zamarrón García detalló que el amparo más reciente en materia escolar fue presentado en julio del año pasado en un preescolar de Ciudad Valles. Añadió que actualmente analizan acompañar nuevos casos, tanto en San Luis Potosí como en otras entidades, a partir de solicitudes de madres, padres y otros familiares preocupados por las condiciones en las que estudian niñas y niños.
Como ejemplo de los avances obtenidos mediante el litigio, mencionó el caso de la Escuela Primaria Juan Sarabia, ubicada en la comunidad Estanque de Agua Buena, en Matehuala, donde tras más de tres años de proceso legal un juez ordenó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) coordinarse con la Comisión Federal de Electricidad para instalar una red satelital de internet, garantizando así el acceso a este servicio en el plantel.