Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ninguna denuncia formal contra la asociación civil Cambio de Ruta A.C. para exigir retribuciones económicas derivadas de las impugnaciones promovidas contra obras estatales, informó la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares.
La declaración se da luego de que el secretario general del Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, advirtiera sobre la posibilidad de generar responsabilidades contra dicha organización, postura que fue respaldada la semana pasada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien señaló que se buscaría “cobrar” a la asociación los presuntos retrasos financieros ocasionados por suspensiones derivadas de juicios de amparo interpuestos contra diversas construcciones públicas.
Cuestionada sobre si la Fiscalía General del Estado tendría facultades para atender una demanda de ese tipo, García Cázares explicó que primero sería necesario conocer el contenido específico de una eventual denuncia, a fin de determinar si existen elementos que ameriten la intervención del Ministerio Público.
Por su parte, Luis González Lozano, abogado y director general de Cambio de Ruta A.C., informó que envió un escrito al gobernador en el que expone que la promoción de juicios de amparo no constituye una conducta ilícita, al tratarse de un recurso legal previsto en el marco jurídico mexicano.
El activista ambiental añadió que la estigmatización pública de personas defensoras de derechos humanos por parte de autoridades estatales contraviene el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, el cual obliga a las autoridades a prevenir y abstenerse de cualquier forma de intimidación, amenaza o criminalización contra quienes defienden el medio ambiente.