La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tardó 57 días en tomar una medida visible ante la denuncia por una agresión con arma blanca atribuida a un profesor en activo de la Facultad de Ciencias, pese a que tuvo conocimiento del caso desde el 15 de diciembre. Fue hasta que la acusación se viralizó en redes sociales y generó indignación pública cuando la institución anunció la separación del docente de toda actividad que implicara contacto con estudiantes. La reacción, más que preventiva, pareció forzada por el escándalo.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, una exalumna identificada como Isabel, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía y posteriormente ante la Defensoría de Derechos Universitarios, luego de ser valorada por un médico legista. Sin embargo, en la universidad le informaron que, al no ser ya estudiante activa, no era posible iniciar una investigación interna, reduciendo el caso a un antecedente administrativo, pese a la gravedad de los hechos y al riesgo potencial para la comunidad estudiantil.
En una reunión de aproximadamente 20 minutos, la afectada insistió en que el ataque —presuntamente cometido con un cuchillo— debía quedar asentado formalmente por tratarse de un docente que seguía frente a grupo. Tras el periodo vacacional, el 13 de enero envió por correo la documentación y recibió un folio que confirmaba la recepción del caso. Aun con ese registro, no hubo postura pública ni medidas preventivas inmediatas por parte de la institución.
La respuesta oficial llegó hasta el 9 de febrero, cuando la denuncia ya circulaba ampliamente en redes sociales. Un día después, la UASLP sostuvo que tenía conocimiento del asunto desde enero y anunció la separación temporal del profesor mientras se emite una resolución. La cronología, no obstante, contradice la narrativa institucional y exhibe que la universidad estaba enterada desde diciembre, sin que ello derivara en acciones oportunas.
Más allá del proceso legal en curso, el caso abre cuestionamientos sobre los protocolos internos, la actuación de la Defensoría y la prioridad real que la UASLP otorga a la seguridad de su comunidad. La tardanza en actuar alimenta la percepción de que la institución respondió no por convicción ni por prevención, sino por presión pública. Una universidad que presume liderazgo académico no puede permitirse que la protección de sus estudiantes dependa del escándalo.
