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Axe Ceremonia 2025: Familia de Miguel Ángel pide ampliar investigación y citar a directivos

La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista que perdió la vida durante el Axe Ceremonia 2025, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se llame a comparecer al fundador del festival, Diego Jiménez Labora, así como a otros accionistas vinculados a Grupo Eco, con el fin de esclarecer responsabilidades en torno a los hechos ocurridos en el evento.

En un comunicado, la hermana y los padres del fotógrafo señalaron que buscan que personas con capacidad de decisión dentro de las empresas involucradas expliquen la estructura corporativa, los mecanismos de supervisión y los protocolos de seguridad implementados. Diana Laura Rojas Hernández precisó que la petición no implica señalamientos anticipados, sino la necesidad de determinar quiénes tomaban decisiones y quiénes tenían la obligación de prevenir lo sucedido.

De acuerdo con información pública en su perfil profesional, Diego Jiménez Labora es fundador de Grupo Eco, empresa responsable del festival. Tras la tragedia, el sitio web de la compañía modificó la referencia a Obra Negra como parte de su ecosistema de marcas. No obstante, documentos del Registro Público de la Propiedad y Comercio y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) indican que Jiménez Labora es fundador de la empresa titular de la marca Obra Negra.

Asimismo, la familia solicitó que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., concesionaria del Parque Bicentenario durante el festival, sea incluida como imputada en la investigación. La compañía fue constituida en 2015 y posteriormente, en 2020, dos firmas adquirieron participación accionaria. De acuerdo con la información disponible, otra empresa vinculada a los mismos socios fue responsable del Programa Especial de Protección Civil del evento y sí figura actualmente como imputada en el proceso penal.

La familia también manifestó su inconformidad por la falta de celebración de la audiencia inicial, al considerar que la suspensión concedida en un juicio de amparo indirecto ha impedido que la Fiscalía formule imputaciones penales. Por ello, anunciaron que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación para que se revise la legalidad y proporcionalidad de la medida cautelar dictada.

Con información de Aristegui Noticias.

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