En los 44 años que Dianne Sposito ha trabajado como enfermera, nunca le había tocado enfrentarse a las autoridades para desempeñar su trabajo. Hasta diciembre pasado, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) le impidieron asistir a una paciente que llegó a la unidad de urgencias del Centro Médico Ronald Reagan de UCLA en Los Ángeles, donde trabaja. La enferma, una migrante, gritaba desde la camilla en la que la llevaron los paramédicos y Sposito corrió a atenderla, pero se topó con dos agentes del ICE que se lo impidieron.
En el primer año del segundo mandato de Donald Trump ha proliferado la presencia de agentes migratorios en los alrededores, aparcamientos e incluso dentro de los hospitales, un territorio que se consideró infranqueable durante tres décadas. Al inicio de su regreso a la Casa Blanca, Trump eliminó el veto a los agentes migratorios que les impedía acercarse a los llamados “lugares sensibles”, que incluían a hospitales, escuelas y lugares de culto. La mayor deportación de la historia, la prioridad del republicano, requería que no quedase ningún espacio sin invadir.
En los centros hospitalarios, el personal se queja de que la presencia de los funcionarios federales desmotiva a los enfermos para acudir a urgencias cuando lo necesitan, obstruye su labor y deja a los trabajadores impotentes ante los abusos de los agentes.
“Pensé que eran paramédicos porque estaba todo oscuro, pero al volverse vi la máscara con la que se cubrían y las gafas y supe que eran del ICE, aunque no llevaran identificación”, recuerda Sposito. “Iban armados. Les pregunté quiénes eran y me contestaron: ‘No necesitas saberlo’. Entonces les pregunté si tenían una orden judicial y me contestaron que no la necesitaban. Quise tomarle las constantes vitales a la mujer y me dijeron: ‘Quítele las manos de encima”, asegura la enfermera.
Sposito acabó llamando a sus superiores y al administrador del hospital. Los agentes ingresaron con la paciente que custodiaban incluso hasta su habitación. El incidente dejó al personal médico alterado y confuso ante la posibilidad de que ocurriera de nuevo. “Después de haber estado en urgencias todos estos años, he tratado muchas veces con policías. Hacen sus preguntas, pero son muy educados. Estos tipos fueron muy groseros”, afirma.
“Una de nuestras demandas a los gerentes de los hospitales es que deberían poner un plan en efecto, para que cuando vengan sepamos cómo cubrir los derechos del paciente”, dice Sandra, una enfermera del hospital Memorial de Salinas, en California, que prefiere no dar su nombre completo. Sandra y Sposito están vinculadas a la Unión Nacional de Enfermeras (NNU), el mayor sindicato de enfermeras del país, que se ha movilizado contra la presencia del ICE en los hospitales en varias ocasiones. La última protesta la realizaron el 19 de febrero. El NNU pide que el Congreso deje de financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza, por considerar que las agencias federales de control de inmigración se han convertido en “una de las principales amenazas para la salud pública del país”.
Sandra, que lleva 25 años trabajando como enfermera y está destinada al área de cuidados intensivos, se hace eco de varios casos que ha escuchado a colegas en los que se ha puesto en riesgo al paciente. En uno de ellos, el enfermo necesitaba atención urgente y no les permitieron comunicarse con la familia. “Es muy importante que la familia esté involucrada en el tratamiento del paciente porque los doctores y enfermeras quieren saber el historial médico para decidir el tratamiento”, apunta. En otro caso, un paciente con la tensión alta evitó acudir a urgencias para no toparse con el ICE y, cuando se vio forzado a ir, su caso ya era grave.
La desprotección de los lugares sensibles
“El temor a las medidas de control migratorio en los centros de salud interfiere con la atención médica y supone una carga para la salud pública. Los pacientes retrasan o evitan la atención médica por temor a las medidas de control migratorio en el hospital”, recoge la demanda PCUN contra Noem, interpuesta en Oregón por varias organizaciones contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y defendida por Justice Action Center (JAC).
La querella busca recuperar la política de los últimos 30 años de preservar los lugares sensibles de los operativos migratorios. Además de los hospitales, las consecuencias han sido devastadoras en las escuelas, donde se ha disparado el absentismo de los estudiantes para evitar encuentros con el ICE.
El 12 de febrero los demandantes presentaron una moción de urgencia para que se imponga una solución mientras se llega a una decisión definitiva sobre la demanda, que se presentó inicialmente en abril y a la que en septiembre se sumaron los mayores sindicatos de profesores del país, la Asociación Nacional de Educación y la Federación Estadounidense de Maestros. En todo Estados Unidos se han presentado otras cuatro demandas más contra la revocación de los lugares sensibles, pero PCUN contra Noem representa la coalición más amplia de demandantes e incluye a educadores y demás personal escolar, personal sanitario, sindicatos, grupos comunitarios y organizaciones religiosas.
“El nivel de control migratorio en todo el país se ha multiplicado en los últimos meses. Esto ha afectado cada vez más a nuestros demandantes y a las personas que representan. Por eso, queríamos presentar una moción de emergencia para informar al tribunal y al juez sobre estos casos de proliferación de control migratorio y obtener ayuda para las personas”, explica Brandon Galli-Graves, uno de los abogados de JAC que lleva el caso.
Los agentes federales están autorizados para entrar en las áreas comunes de los hospitales, como vestíbulos, las salas de espera y cualquier otro lugar abierto al público. No así en las áreas que no son públicas, como las salas de tratamiento, los consultorios y las habitaciones de los pacientes, a no ser que tengan una orden judicial. Sin embargo, el personal sanitario afirma que los agentes han incumplido el protocolo hospitalario, se han negado a proporcionar documentación y, en algunos casos, han tenido altercados con médicos y enfermeras. Incluso si no ingresan en las áreas privadas, la mera presencia de los agentes armados en los pasillos de los hospitales tiene consecuencias psicológicas en los pacientes, sus familias y los profesionales de los centros.
Varios de los casos están recogidos en la demanda de JAC, en la que los testimonios de unas 60 personas muestran los daños ocasionados por la desprotección de los lugares sensibles. En enero, los padres de una niña de siete años cuya nariz no dejaba de sangrar la llevaron al hospital Portland Adventist Health en Oregón para recibir atención urgente. Antes de que la familia pudiera cruzar la puerta, agentes federales de inmigración los detuvieron en el estacionamiento y los llevaron a un centro de detención en Texas.
Además del arresto de los pacientes, el personal médico relata los efectos en los tratamientos, como descontinuar la práctica de llevar a los pacientes al exterior para que tomen aire fresco y hagan ejercicio.
Los profesionales enfrentan también el dilema de pasar la información que los agentes migratorios exigen de los pacientes o cumplir la HIPPA, la ley que protege la privacidad del paciente. Los hospitales tampoco deben preguntar el estatus migratorio de los pacientes ni trasladar datos personales a los agentes, pero algunos Estados como Texas y Florida han aprobado normativas para que sí se informe de ellos a las autoridades. “Las imposiciones de los agentes de inmigración exigiéndoles que les dejen entrar o que encuentren pacientes es una especie de círculo vicioso donde a menudo no saben realmente qué hacer”, indica Galli-Graves.
El ICE no ha respondido a la petición de este periódico de comentar su presencia en los hospitales.
Ante esta situación, la NNU planea continuar las protestas. Sandra reconoce que tiene cierto temor de lo que le pueda pasar por participar, pero no tiene intención de parar. “Es arriesgado porque el ICE no solo investiga a personas que no son documentadas, sino también a personas que andan ayudándoles. Pero este no es el momento de quedarnos callados, porque lo que está haciendo el ICE es inhumano. Así es como empezaron los nazis: la gente común de Alemania decía ‘no me afecta a mí’, y no se alzó la voz antes de que las cosas empeoraran. Yo tengo que aportar mi granito de arena y no quedarme callada”, afirma.
Con Información de El País.