Comuneros disidentes informaron que en agosto del año 1993 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio de un área de 35 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, a favor de la entonces Secretaria de Recursos Hidráulicos y Obras Públicas del Gobierno Federal.
Esas 35 hectáreas corresponden a la zona conocida como la Cañada de Lobo, por lo que la presa y su entorno no pueden ser utilizados ni ofrecidos como parte del Proyecto Cañadas, Espacios en el Horizonte o Reserva.
Sin embargo en el avalúo de Banregio, dicho predio se exhibe como parte del proyecto.
“Es un acto ilegal, irregular e irresponsable, ahora sí que se avecina un enfrentamiento directo entre fraccionadores y el Gobierno Federal”, comentó José Corpus Salazar asesor legal de comuneros disidentes.
De la misma forma, parte del predio que los empresarios y caciques comunales donaron a la UASLP también es parte del área expropiada.
El Plan Municipal de Desarrollo define esta área como protegida y preventiva respecto a escurrimientos pluviales.
La CONAGUA a su vez delimita y establece que la Cañada del Lobo es parte del acuífero bajo.
“La Presa de la Cañada del Lobo es propiedad de la Nación y la Nación somos todos”, manifestó Carlos Covarrubias integrante del FAO.
El área corresponde, de acuerdo a la expropiación, al vaso de la presa, es zona federal y zona de protección.
El pago por dicha expropiación fue realizado en el año 2007, entregándose a los comuneros una cantidad de 27 mil pesos.