Después de la ejecución del fotoperiodista Daniel Esqueda Castro en el 2017, se produjo un efecto inhibitorio de los medios locales, ya no se daría cobertura de los hechos del crimen organizado, o al menos se le daría un tratamiento aséptico, no difundir narcomantas, evitar la mención de los cárteles y cualquier otra acción que implicara la conversión del medio en un instrumento comunicativo del crimen organizado.
Había tristeza, coraje, miedo. En su testimonio vertido bajo coacción, Daniel salpicó a varios medios. El repliegue duró poco, regresamos a la “normalidad” de vivir bajo una guerra de baja intensidad y la cobertura del crimen organizado que raya en ocasiones en la apología del delito, volvió por sus fueros.
Este mismo miércoles 27 de noviembre, mes en el que se lleva una cuenta ya mayor de 30 ejecutados, sin ningún recato se ve en medios prestigiados la publicación íntegra de una narcomanta que fue colocada en varios municipios de la Huasteca y en la que se anuncia el arribo de un cártel y la declaración de guerra a otros.
El mismo mensaje ya ha sido difundido de la misma manera hace varios meses en la capital, Soledad y otros municipios cercanos. La guerra por la plaza ya empezó desde hace tiempo en casi toda la entidad.
La visita de ayer del gobernador Carreras al secretario de seguridad federal, Alfonso Durazo, aunque no se diga en el comunicado oficial, no puede sustraerse de este contexto de creciente inseguridad con cuerpos ejecutados, decapitados, descuartizados y calcinados en el paisaje potosino, que no son otra cosa que la expresión más brutal de la referida disputa entre cárteles.
La pregunta sería si se están tomando las medidas necesarias para detener esta guerra y se combatirán además otros delitos, si seguiremos sin estrategias ni coordinación y con justificaciones banales: es un problema nacional, no hay seguridad perfecta, los coches que se roban son modelos viejos, los potosinos no toman medidas preventivas, AMLO nos recortó recursos, quédese en su casa, abrazos no balazos…
Y con los recientes asaltos a restaurantes de la ciudad, el malestar social se multiplica, ya no puedes disfrutar con tu familia de un plato de pozole o un coctel de camarones sin que te desvalijen y te provoquen un susto diabético.
PINEDA Y HERNÁNDEZ LIMÓN
Que la inseguridad se vuelva una bandera política es imposible evitarlo. Es uno de los flancos más débiles del Presidente AMLO y del gobernador Carreras no se diga. En su entorno hay un grupo que hizo todo lo posible por echar fuera al general tamaulipeco Arturo Gutiérrez y ahora también quiere que se vaya Jaime Pineda Arteaga, no es del equipo que confluyó en el ascenso de Carreras al poder, responde a otros intereses.
Uno de los diputados más críticos del carrerismo, Edgardo Hernández, vuelve a insistir en la salida de Pineda y ahora agrega al delegado de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Hernández Limón, a este representante de Alejandro Gertz Manero lo embarra con la delincuencia.
Edgardo, quien tiene de suplente nada menos que a Fernando José Barrera Guillén, anunció otra marcha para exigir la renuncia de Pineda. Y el fiscal Federico Garza tendrá que comparecer en el Congreso del Estado.
LES CAYERON EN LA MAROMA
Ya casi terminada a marchas forzadas, se canceló la construcción de la presa La Maroma. Era un compromiso de Peña Nieto que siempre se tambaleó, ejidatarios se opusieron, fueron acusados por lesiones, amenazas y lesiones; activistas aseguraron que daría servicio a las empresas mineras que acechan Wirikuta y no a la población del Altiplano; el impacto ambiental sería muy negativo.
Es la hora de las explicaciones del titular de la CEA, Alfonso Medina Salazar, de las tres constructoras potosinas y del gobernador Carreras. Se gastaron más de 200 millones de pesos. [Javier Padrón]