Con hasta 16 años de prisión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca sancionar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o datos de alguna carpeta de investigación en trámite, en caso de que la información sea enviada por policías y se trate de mujeres, niñas o adolescentes.
La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, comentó que a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero, decidió presentar al Congreso local una iniciativa para crear el artículo 293 Quater de Código Penal, cuyo fin es sancionar a funcionarios que hagan este tipo de difusión.
“En uso de las facultades que las leyes me confieren como fiscal general de la Ciudad, [presento] una iniciativa que da respuesta a un reclamo de la sociedad a raíz de la filtración del material fotográfico sensible de la muerte de Ingrid [Escamilla]”, expresó.
El documento, que fue entregado al Congreso local, establece que el servidor público que indebidamente difunda imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios relacionados con un acto que la ley señala como delito, se le castigará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.