El dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso un Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional, para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus covid-19 en el país e incluye a todos los sectores, como partidos políticos y Congresos.
Propone la suspensión de las cuotas obrero-patronales para los siguientes tres meses, con un costo de 0.64 por ciento del PIB; además, otorgar mil 500 pesos, por tres meses a los trabajadores del sector informal, y quienes hayan sido despedidos durante la contingencia.
También, la devolución acelerada del IVA a las empresas, agilizar el pago a proveedores del gobierno, lo mismo que créditos por parte de la banca de desarrollo, ampliar en mil 500 pesos más los apoyos de programas sociales ya establecidos, cifra que representaría entre 1.2 y 0.9 por ciento del PIB.
El diputado federal con licencia llamó a la solidaridad de los partidos políticos y pidió asumir el compromiso de reducir el 50 por ciento de sus prerrogativas, lo mismo que a las Cámaras de Diputados, Senadores y Congresos locales, lo que significarían recursos por 2 mil millones de pesos, de los 27 mil que en conjunto tienen asignados.
Ramírez Cuéllar dijo que el gobierno federal “está actuando con la más absoluta responsabilidad” y ha determinado acciones para salvar vidas, atender a los enfermos y para evitar mayores contagios.
Destacó de manera particular las medidas de cumplimento fiscal, las de ahorro y gasto racional, y la liquidación de fideicomisos, que sintetizan un programa básico para restituir la pérdida recaudatoria que la crisis provocará en 2020.
“Lo que se quiere asegurar es la vigencia y el impulso de los programas sociales y la continuidad de las grandes obras de infraestructura, además de los compromisos financieros ineludibles y las obligaciones de transferencias hacia los estados y municipios establecidas dentro del Presupuesto de Egresos 2020, aprobado por la Cámara de Diputados”.
Respecto a la liquidación de fideicomisos, el dirigente provisional de Morena avaló el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado jueves, pues implica recursos adicionales por alrededor de 250 mil millones de pesos.
“Los recursos fideicomitidos y que podrán estar disponibles el 15 de abril deberán canalizarse, de manera prioritaria a los servicios de salud, los programas sociales y la continuidad de las principales obras de infraestructura que han sido puestas en marcha desde el inicio de la nueva administración”, señaló.
De la misma forma, agregó, se deben cubrir las inversiones adicionales en los estados y municipios y estas deben ser consideradas para garantizar los servicios públicos, sobre todo de agua potable y construcción y mejoramiento de vivienda y con ello incrementar el uso y la movilización de materiales de construcción y de generación creciente de mano de obra y empleo.
Por Milenio