Marcela Loyola
Emma, la catedrática y administrativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), señaló que confía en que el rector Alejandro Zermeño Guerra sancione de manera ejemplar a todos los involucrados en el acoso sexual y laboral del que fue víctima en el Edificio Central y Facultad de Derecho.
Recordó que este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 07/2020 dirigida a la UASLP, sustentada en un expediente de dos años y cuatro meses de investigación y en la que se establece que se debe sancionar a los funcionarios involucrados.
Entre los que mencionó, además del agresor sexual, un empleado en funciones de chofer, al director de la Facultad de Derecho, Abraham Oliva Muñoz; Martín Joel González de Anda, quien era secretario general de la Facultad y ahora es el abogado general de la UASLP; el ex rector Manuel Fermín Villar Rubio y Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, entre otros.
La victima recordó que el pasado 16 de abril del 2020, la UASLP envió un oficio dirigido a la CEDH en el que aceptaba la recomendación y se comprometía a dar cumplimiento a todos los términos; la cual tiene cuatro puntos focales, el primero es la obligación de la Universidad de reparar integralmente los daños causados, estragos y consecuencias derivadas del acoso, abuso, hostigamiento sexual y hostigamiento laboral, así como amenazas de toda la planta directiva de la Facultad de Derecho.
“La recomendación es muy contundente y estoy agradecida por el trabajo y el empeño de la investigación de este caso, y es importante hablar de la recomendación y aceptación de los hechos específicos donde hay responsables”, señaló.
El segundo punto de la recomendación refiere que la nueva administración encabezada por Alejandro Zermeño Guerra, es la que tendrá la responsabilidad de imponer las sanciones a todos los servidores universitarios que resultaron responsables de violaciones gravísimas de derechos humanos.
“Lamentablemente me tocó ser el parteaguas de este pronunciamiento pero realmente nosotros sabemos que este es un malestar generalizado en la comunidad universitaria y así lo pudimos ver en las manifestaciones del 8 de marzo y con otras manifestaciones de las universitarias”, recordó.
Emma señaló que hasta el momento no ha sido contactada para dar cumplimiento a la recomendación y aclaró que todo el seguimiento y cumplimiento va estar a acompañado y vigilado por el personal de la CEDH, “como víctima de la violación de derechos humanos creo que es pertinente que la comisión esté presente en cómo se da cumplimiento”.
La docente aclaró que nunca dejó de trabajar para la universidad, “hubo muchos rumores falsos que fueron esparcidos por todos mis agresores respecto a mi permanencia en la institución, lo cierto es que una de las represalias fue que se me arrebataron todas las cátedras que impartía y se me vetó de mi función administrativa y como académica, sin embargo la relación laboral con la UASLP nunca término”.
Fue hasta diciembre del 2019 cuando fue citada por la UASLP para que la pudieran reintegrar de manera administrativa, ya que no podía regresar a la misma dependencia donde había sido violentada y vulnerada, y su adscripción actual está en la Dirección de Vinculación.
EL DIRECTOR OLIVA, OMISO
“Y con respecto a mi actividad académica, esto no viene en la recomendación pero en la resolución emitida por la propia universidad el 24 de septiembre del 2019 sí se solicita que se me reintegren las tres cátedras que impartía pero el director de la Facultad que sigue en el cargo y es responsable de estas violaciones a los derechos humanos, no dio cumplimiento con la propia orden y ese fue un punto focal para que se emitiera esta recomendación de la CEDH, porque no se habían acatado las recomendaciones que la misma institución había emitido”, aseveró.
Del nuevo abogado general, Joel Gónzalez de Anda, la víctima señaló que “evidentemente hay actos de violencia, tanto físicos como verbales que fueron sumamente ejercidos con brutalidad tremenda en mi perjuicio, y en este caso estoy contenta por el hecho de tener un nuevo rector y confío en la convicción que ha mostrado para erradicar la violencia en contra de las mujeres y con independencia de los nombramientos, creo que dará cumplimiento total a la recomendación de la CEDH, y que se impongan las sanciones correspondientes a todos los involucrados y responsables en este lamentable caso sin distinción del cargo que puedan haber estado ocupando u ocupen dentro de cualquier dependencia”.
El nombramiento de funcionarios, acotó, corresponde al rector Alejandro Zermeño, “por mi parte, a raíz de la recomendación que es la validación de que efectivamente los hechos ocurrieron, de que hay responsables y violaciones graves a los derechos humanos, y que mi caso sirva como referencia para que a nivel general se erradique la violencia de género, por eso estoy contenta y confiada en esta nueva administración para que se tomen las medidas pertinentes paras sancionar de manera ejemplar a los responsables porque el objetivo es que no se vuelva a repetir”.
Su objetivo es que “no vuelva a suceder y que ninguna mujer universitaria vuelva a ser sometida, maltratada ni pisoteada por ningún miembro de la comunidad universitaria sean directores de facultades, sean secretarios generales de facultades, sean rectores como sucedió en mi caso o en este caso el abogado general de la Universidad, el defensor de los derechos universitarios, que se vieron involucrados y se me revictimizó”.
En cuanto al nombramiento de Urenda Navarro en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Emma manifestó que “ella fue una de las personas que estuvo involucrada al interior de la universidad y ya fue investigada por la CEDH, y que se encuentra contenida dentro de la recomendación, y la persona encargada de dar cumplimiento y seguimiento es el rector, y tengo confianza en él y su plan de trabajo que ha anunciado para la erradicación de la violencia de género”.