El presidente estadunidense, Donald Trump, despidió a un inspector del gobierno que investigaba al secretario de Estado, Mike Pompeo, informó un congresista demócrata, quien estimó que la decisión constituye una represalia potencialmente ilegal.
El Departamento de Estado confirmó el despido del inspector general Steve Linick en la noche del viernes, sin indicar el motivo de la destitución.
El demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, declaró que estaba en conocimiento de que Linick había abierto una investigación sobre Pompeo.
“El hecho de que Linick haya sido despedido en mitad de semejante investigación sugiere fuertemente que se trata de un acto de represalia ilegal”, dijo el congresista.
La cadena CNN, citando a un alto funcionario del Departamento de Estado, informó que el propio Pompeo recomendó la destitución del inspector y eligió personalmente a su sustituto.
SOSPECHAS DE ABUSO DE PODER
Un asistente demócrata en el Congreso declaró bajo anonimato que el destituido Linick investigaba acusaciones según las cuales Pompeo abusó de los servicios de una persona nombrada por el poder político, al solicitarle que realizara tareas personales para él y su esposa.
Pompeo viaja a menudo en el avión del gobierno junto con su esposa, Susan Pompeo, lo cual suscita polémica ya que ella no tiene ningún cargo oficial.
El año pasado, CNN informó que un denunciante había presentado una queja porque detectó que miembros de la seguridad diplomática se estaban encargando de tareas como cuidar del perro de la familia Pompeo o hacer las veces de repartidores de comida.
La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el investigador despedido fue “castigado por haber cumplido honradamente su deber de protección de la Constitución” y de la “seguridad nacional”.
“El presidente debe terminar con su patrón de represalias contra los funcionarios públicos que trabajan para mantener la seguridad de los estadunidenses, en particular durante este tiempo de emergencia global”, agregó Pelosi.
NOMBRADO POR OBAMA
Linick, fiscal desde hace mucho tiempo, fue nombrado en 2013 por el predecesor de Trump, Barack Obama, para vigilar el uso de los 70 mil millones de dólares de la diplomacia estadunidense.
Un portavoz del Departamento de Estado informó que el nuevo inspector general será Stephen Akard, un exasistente del vicepresidente Mike Pence.
Desde el año pasado, Akard dirige la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estado, que se encarga de las relaciones con los diplomáticos acreditados en Estados Unidos.
Mike Pompeo, de 56 años, es un colaborador muy cercano de Trump y uno de los pocos que ha conseguir evitar cualquier discrepancia visible con un presidente impulsivo e impredecible.
Pompeo asumió su cargo en abril de 2018 en lugar de Rex Tillerson, quien sostuvo un vínculo tormentoso con el mandatario, y ha impulsado en los últimos meses un viraje de la diplomacia estadunidense, además de promover, en contra de la opinión científica generalizada, la teoría de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio en China.
Linick, por su parte, tuvo un papel menor el año pasado en el proceso de destitución contra el presidente Trump, como el remitente de documentos del abogado del millonario republicano, Rudy Giuliani, al Congreso.
Trump fue absuelto en el Senado de las acusaciones de abuso de poder por suspender una ayuda militar a Ucrania para presionar al gobierno de ese país a investigar a Joe Biden, exvicepresidente de la administración Obama y con quien se enfrentará en las elecciones presidenciales de noviembre.
En repetidas ocasiones, el inquilino de la Casa Blanca ha mencionado al “Estado profundo”, una expresión que refiere a un supuesto gobierno paralelo, para criticar a funcionarios federales que, según él, obstaculizan su mandato.
Trump ha transferido o destituido a inspectores generales del Pentágono, Inteligencia y el Departamento de Salud, y recientemente apartó de su cargo a Rick Bright, quien era jefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA, por sus siglas en inglés), agencia que tiene a su cargo el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus.
Según él, esa decisión estuvo motivada por su oposición al uso de medicamentos contra la malaria, la cloroquina y la hidroxicloroquina, en el tratamiento del coronavirus, una posibilidad que el presidente Trump mencionó en varias oportunidades a pesar de la escasez de pruebas científicas sobre su efectividad.