[Javier Padrón]
Desde que se anunció que a partir de este lunes regresarían a la actividad de manera escalonada los sectores de la minería, construcción e industria automotriz, en amplios sectores de la población, sobre todo la capitalina, las medidas de sana distancia y el confinamiento se hicieron a un lado.
Esto ya es un relajo, se ignoran las recomendaciones de las autoridades sanitarias porque la primera etapa de la “nueva normalidad” se interpretó como una luz verde para todos los sectores económicos y no hay duda que los potosinos buscan refrendar el deshonroso reconocimiento de figurar en los primeros lugares a nivel nacional de movilidad irresponsable.
De nada valió el exhorto dominical del arzobispo Cabrero de no poner en riesgo a la clase trabajadora al servicio de las trasnacionales, en referencia a las armadoras General Motors y BMW, las más urgidas en reiniciar su producción porque sus matrices —en cuyos países ya están en un ciclo declinante de la pandemia— ya retomaron la producción.
Por más requisitos y medidas que establezca el gobierno federal para permitir la reapertura de los tres sectores considerados esenciales, se da como un hecho que habrá mucho relajamiento y con ello se podría disparar la curva de la pandemia que se ha tardado en llegar más por las proyecciones oficiales erráticas que por el cumplimiento de las medidas preventivas, y el costo político se dirigirá principalmente al gobierno federal.
Para el traslado los trabajadores las empresas tendrán que “incrementar el número de vehículos destinados al transporte de personal, con el fin de reducir el hacinamiento y la posibilidad de contagios, manteniendo una sana distancia y la ventilación natural del transporte”, se lee en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral.
En los últimos años han ocurrido accidentes, algunos trágicos, de vehículos que trasladan personal a la Zona Industrial, este servicio no está regulado, la SCT estatal se declaró, como lo es, incompetente para intervenir, y habría que ver si el sector patronal está dispuesto a realizar un gasto extra para no trasladar a sus trabajadores en las mismas sardineras de siempre que serían focos de contagio al por mayor.
DE ADORNO
Las conferencias matutinas de la Secretaría de Salud, las campañas en medios y sus llamados a quedarse en casa y guardar la sana distancia han sido buenas intenciones, el perifoneo es inexistente, la COEPRIS y ayuntamientos no tienen la capacidad necesaria para inhibir la reapertura de comercios y servicios no esenciales, y los filtros sanitarios, ubicados en varios puntos de la vía pública, están de adorno, como lo constató nuestro compañero Felipe Morales en una transmisión en vivo en Facebook, sin patrullas, sin presencia de la CEDH y el personal de salud en pleno cotorreo y sin cubrebocas. La gente no los toma en serio.
Y el virus sigue esparciéndose, de acuerdo al reporte matutino de la SS de este lunes, van 28 decesos, 494 casos confirmados y 141 sospechosos; y Vanegas se mantiene como el “municipio de la esperanza” que en cualquier momento puede perder esa condición.
TRES SEXENIOS
La restructuración de la deuda pública estatal fue presentada por el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza, para obtener entre 500 y 550 millones de pesos a ejercerse en lo que resta de la gestión carrerista para las emergencias sanitaria y económica, al dejarse de pagar el servicio de la deuda durante ese tiempo como un periodo de gracia por la negociación bancaria, y serán los tres próximos sexenios los que seguirán pagando una deuda de casi 4 mil millones de pesos.
Aun lográndose la restructuración, no se descarta que se solicite el crédito de 700 millones de pesos, al que se le considera complementario, puede hacerse de manera conjunta o por separado, así lo planteó Pedroza, lo que deja entrever entonces que la primera no sería tan buena como se presenta, ¿no basta sumar la renegociación de la deuda con los recursos de la venta del terreno de la Ford?
De darse ambas acciones, la restructuración de la deuda y el crédito, significarían 1200 o 1300 millones de pesos y falta por explicarse de manera concreta en qué se aplicarían. Hay diputados que mantienen en vilo su voto como el diputado Eugenio Govea que quiere una lista detallada de cuántos equipos e insumos médicos van a comprar, mientras el diputado Mario Lárraga espera votar a favor sin moverse de su cama.