El gobernador Juan Manuel Carreras tuvo pleno conocimiento de que la Secretaría de Finanzas y otras dependencias han utilizado empresas fantasmas para desviar fuertes cantidades de recursos públicos.
Comercializadora Delger, es una de estas empresas fantasmas que fue utilizada en diversas ocasiones por los diputados de la pasada legislatura para simular la entrega de 5.1 millones de pesos en material de construcción, capacitación y despensas.
También la Secretaría de Finanzas la utilizó y pagó 5 facturas en 2016 que suman 207 mil 660 pesos.
Comercializadora Delger aparece con la dirección fiscal en Nicolás Zapata No. 570 Altos en la Colonia Tequisquiapan. En ese lugar no existe ninguna empresa y ha sido un local vació sin embargo ha facturado millones de pesos.( Ciudadanos Observando lo validó en su investigación “El honorable gremio del fraude” el cual tuvo amplia cobertura en medios nacionales).
En su acta constitutiva aparece que los socios son Suni Israel Delgado Romero y Mario Omar Marrufo Delgado, los cuales también de forma individual cobraron más de 130 mil pesos como personas físicas con los recibidos de honorarios 001,003 y 010 al Ayuntamiento de San Luis Potosí el 25 marzo de 2011 (en tiempos de Victoria Labastida) supuestos estudios turísticos del municipio de San Luis Potosí y un estudio sobre reciclaje como resolución a la basura doméstica e industrial.
Avihail Delgado Romero hermana de Suni Israel, para no variar aparece como socia de otra empresa fantasma de nombre Comercializadora Avidro, S.A. de C.V. que facturó a los ex diputados también 5 millones de pesos.
En los documentos entregados a Ciudadanos Observando por la propia Secretaría de Finanzas señala que no existe expediente de Comercializadora Delger.
A esta fantasmagórica empresa se le pagaron 35 mil pesos con la factura 2176 del 15 de marzo del 2016 por haber entregado supuestamente cobijas.
Con la factura 2178 también el mismo 15 de marzo del 2016 cobró 45 mil pesos por ahora por despensas.
Para el 30 de marzo del 2016 recibió 19 mil 998 pesos con la factura 2209 que ampara cobijas y despensas.
Con la factura 2289 del 3 de mayo del 2016 recibió 45 mil 8 pesos por más despensas y finalmente, ese mismo día con la factura 2290 obtuvo otro pago por 32 mil 654 pesos por despensas.
En total se pagaron 207 mil 660 pesos mediante trasferencias electrónicas a una cuenta del banco Santander.
En su momento, una fuente al interior de Finanzas, señaló que estos pagos se realizaron a petición del diputado de Partido Verde, Manuel Barrera Guillén, incluso se utilizó como pretexto que el beneficiario de estos apoyos fue el ex diputado local por el verde y luego alcalde de Venado, Martín Álvarez.
De forma por demás sorprendente, Patricia Juárez Segura, en ese momento directora administrativa de la Secretaria de Finanzas, realizó todos los tramites relacionados para los pagos a esta empresa fantasma. De entrada, no existe la más mínima lógica que esta persona pudiera haber encontrado a la señalada empresa, ya que es inexistente y nunca debió haberse realizado el proceso. Juárez Segura salió de Finanzas junto con su jefe José Luis Ugalde (secretario de Finanzas) a inicios del 2019.
Obviamente la Secretaría de Finanzas intenta “justificar” el uso de ese tipo de empresas tal como lo buscó hacer la ex oficial mayor del Congreso Beatriz Benavente, ahora diputada local plurinominal por el PRI, ya que sus facturas fueron timbradas ante el SAT. Obviamente todas las 8 mil 500 empresas fantasma que se calcula existen en México, fueron registradas ante el SAT, contaron con un acta constitutiva y timbraron las facturas ante el SAT.
En el caso del Congreso del Estado los diputados locales que presentaron facturas de Comercializadora Delger por más de 5 millones fueron: Matha Orta . José Luis Romero, Fernando Chávez, Rebeca Terán y Óscar Bautista del PRI, Josefina Salazar y Enrique Flores del PAN, Ricardo García Melo de Nueva Alianza y José Guadalupe Torres del PRD. Varios de estos cuentan con denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y otros más devolvieron dinero tras una aleatoria revisión de la Auditoría Superior del Estado, que por cierto dio vista al SAT de la empresa fantasma ya señalada.
El gobierno de San Luis Potosí fue señalado en abril de 2019 por el propio SAT de usar a la empresa fantasma 79 Integración Empresarial Center (79 IEC), con domicilio en una antigua casa ubicada en Reforma 1015, cuyos habitantes dijeron al SAT que se trataba de un domicilio familiar, sin relación con la citada empresa.
A esta empresa la administración de Carreras pagó facturas por 2.7 millones de pesos que ampararon la presunta adquisición de dulces, perfumes, material de limpieza, papelería, uniformes y servicios de decoración de interiores.
¿Ahora queda más claro como es fácil desviar los recursos públicos usando empresas fantasmas? ¿Por qué Carreras, ni el Consejo Ciudadano de Transparencia ni la Contraloría General han hecho algo ante estas graves situaciones? Por eso el Gobierno de San Luis Potosí insiste en reestructurar la deuda y conseguir un prórroga de exactamente cuando termine el sexenio y así poder usar 690 millones en lugar de destinarlos a la deuda. Es obvio que con ese dinero intentan tapar grandes faltantes de dinero en varias dependencias.