En sesión de la Permanente del Congreso, la diputada federal del PAN, Josefina Salazar Báez manifestó su rechazo a las manifestaciones del pasado viernes en San Luis Potosí y Jalisco, estableciendo que la violencia que se vivió en las calles, es resultado del inflamado clima de polarización y enfrentamiento político que prevalece en México y que se induce desde el más alto espacio de poder: “la presidencia de la república”.
Dijo que las manifestaciones que pisotean derechos, en una sociedad que anhela la paz, se descalifican por sí mismas, sobre todo cuando su irracionalidad las lleva a extremos infamantes, como quemar la bandera nacional, o vandalizar a niveles humillantes el monumento del eminente potosino y mexicano Don Ponciano Arriaga Leija, en el caso de la destrucción del Congreso de San Luis Potosí.
Urgió al presidente López Obrador y a su partido a ser los primeros que pongan el ejemplo de civilidad y concordia política. “El país enfrenta una pandemia por coronavirus y otra pandemia por inseguridad históricas, además de una crisis económica sin precedente. ¿No sería preferible darle a eso la prioridad nacional? México reprueba y rechaza toda forma de violencia”; subrayó.
Explicó que la destrucción tanto de bienes públicos, como privados, es muy grave, porque en el primer caso lesiona patrimonio que nos pertenece a todos, y porque en el segundo, vulnera derechos tan sagrados como la libertad, el derecho de propiedad y el esfuerzo que realiza la iniciativa privada para sobrevivir económicamente, en un contexto tan adverso como lo es el de la contingencia sanitaria provocada por el Covid 19.
Consideró que pretender encontrar heroísmo en la negligencia de las autoridades que les permiten cometer todo tipo de atropellos es una burla para los afectados. Tampoco se pide que el Estado use su fuerza sin límites para reprimir, de ninguna manera.
“Lo que se exige, es que se cumpla la norma, que se garantice la seguridad de quienes se manifiestan de manera pacífica y respetando los derechos de terceros y que apliquen la ley sin cálculos o complicidades, a quienes cometen delitos en flagrancia”; concluyó.