[Javier Padrón]
Si desde la reforma agraria salinista se aprobaron en el país solo unas 25 sociedades mercantiles inmobiliarias sobre terrenos ejidales y comunales que en su mayoría fracasaron y los perjudicados fueron los campesinos que aportaron sus tierras con la ilusión de salir de pobres, no hay certeza de que el gobierno de la 4T avale esta figura porque está fuera de la ley.
Si con el apoyo de Carlos Salinas se logró fraccionar el ejido la Garita de Jalisco, de casi mil hectáreas, a favor de López Medina, García Navarro y Vicente Rangel Lozano, e incluso la superficie de reserva ecológica se convirtió en la sede del Tecnológico de Monterrey cuando por ley debió ser respetada, con el Presidente AMLO no se sabe aún qué decisión se tomará en el proyecto en la Sierra de San Miguelito.
El lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, y en su artículo 66 se mantiene lo que parece dedicado de manera expresa al fraccionador Carlos López Medina, sus socios capitalistas y los comuneros de San Juan de Guadalupe:
“El Núcleo de Población Agrario someterá a opinión de la Dirección General de Organización Agraria, los proyectos de desarrollo y escritura social, para la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, que tengan por objeto actividades agrícolas, ganaderas o forestales, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley.
“No procederá la aportación de tierras a sociedades civiles o mercantiles que tengan por objeto actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior, conforme a lo establecido en el Título Sexto de la Ley”.
Eso explicaría la supuesta intención de López Medina y socios de convertirse en comuneros titulares para brincarse la prohibición de un desarrollo inmobiliario, promoviendo el cambio de uso de suelo; lo mismo harían los empresarios que buscan comprar cientos de hectáreas de la Delegación de La Pila para parques industriales y un acceso a la dichosa vía alterna a la zona industrial.
Para el caso de la Sierra de San Miguelito, los inversionistas también se han planteado la figura de asociación en participación, pero no resultó la mejor opción y habrían desistido, y la SEDATU emitió en mayo del año pasado una opinión negativa sobre el proyecto de López Medina:
“La Ley Agraria y sus Reglamentos no prevén y mucho menos regulan, la constitución de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades, toda vez que, el objeto de las sociedades civiles o mercantiles previstas en la norma citada, debe limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios, requisitos que en la especie no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas”.
A esta opinión se debe sumar el aspecto ecológico, una parte de lo que se pretende fraccionar de la Sierra de San Miguelito está protegida y dentro de la cuenca hidrológica. Como la declaratoria federal sigue en proceso y la renuncia de Víctor Toledo a la SEMARNAT la podría retrasar, el que se habría metido en un negocio riesgoso fue Vicente Rangel Mancilla.
A un lado de la comunidad de Guadalupe Victoria, se dice que adquirió 50 hectáreas del ejido El Jaral (Mexquitic) que están ubicadas en el polígono de estudio para la declaratoria de la sierra, por eso la compra está en el aire, no ha podido ser inscrita en la asamblea ejidal, es un proyecto logístico de baja densidad y con infraestructura para vender servicios de asesoría ambiental, el grupo Meta tiene una división ecológica para mostrarse empático con las comunidades rurales que afecta.
Los grandes constructores han tenido una influencia relevante en la vida política de la entidad, en la elección de los últimos cinco gobernadores y unos 10 alcaldes; su dinero, sus aportaciones a campañas, han sido fundamentales. Por eso la autoridad y el sistema legal siempre se ajustan a las necesidades de los desarrolladores y no al interés público; y las donaciones a candidatos ganadores se les devuelven con licitaciones de obra pública a modo.
De ahí la expectación por los trabajos finales del IMPLAN en la actualización de los planes de desarrollo urbano, están en juego por lo menos tres décadas de millonarios negocios inmobiliarios, lo que nadie se imaginó que el facilitador sería el navismo que en otras épocas entró en colisión con los especuladores del suelo urbano que se agandallaban terrenos municipales con innumerables tretas.
SONIA Y OCTAVIO
Lo que se creía imposible se logró, una reunión entre la diputada Sonia Mendoza y el exalcalde Octavio Pedroza, distanciados cuando ella fue en el 2015 la candidata del PAN a la gubernatura, hicieron las paces y se tomaron la foto para dejar constancia de ello sin renunciar a sus aspiraciones para el 2021.
