Javier Padrón
Las comisiones permanentes del Cabildo difícilmente podrán sesionar pronto para analizar y votar los dictámenes de los programas de desarrollo urbano y reordenamiento territorial, de hacerlo el alcalde Nava, regidores y el IMPLAN volverían a violar el incidente de suspensión de plano como sucedió el pasado 29 de octubre.
Los comuneros que se oponen al proyecto inmobiliario en la Cañada de Lobo tienen la protección de la justicia federal, incurrir en desacato sería un grave error de la autoridad municipal, las poderosas firmas legales que representan a los corporativos inmobiliarios como los abogados del ayuntamiento prendieron sus luces rojas por culpa de un grupo de “desarrapados”, como los refieren, que han paralizado el proceso final de la actualización de los planes de desarrollo urbano.
Ante el emplazamiento judicial, en el informe a presentar ante el Juzgado de Distrito por el gobierno capitalino está algo imposible de cumplir, al decir de los comuneros rebeldes, demostrar que Carlos López Medina y prestigiados socios ya son dueños de 2068 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, hasta ahora negocios de saliva.
El tema de la parálisis legal del Cabildo también está en las cavilaciones del gobernador Juan Manuel Carreras y su secretario Alejandro Leal Tovías. Hay reuniones, llamadas entre los dos niveles de gobierno y con los inversionistas, hay que apaciguarlos, asesorías de última hora, dosis de Diazepam; no ven la salida, porque esto se podría alargar; sin agregar los problemas que vienen con la vía alterna y la manifestación de impacto ambiental.
En los tiempos del prianismo esto se hubiera resuelto con una llamada a Los Pinos; el que podría interceder, si es que no lo ha hecho ya, es el retorcido tentáculo empresarial de AMLO llamado Alfonso Romo, mientras el precio de los regidores nunca había estado tan alto.
DOBLE RASERO PATRONAL
El sector duro del empresariado potosino está inconforme con el gobernador Juan Manuel Carreras porque sigue al frente de la CONAGO en lugar de renunciar y sumarse a los gobernadores “aliancistas” y exigir más presupuesto para la entidad; tampoco están de acuerdo en que se siga al pie de la letra la estrategia del doctor Hugo López-Gatell ante el repunte mortal del COVID-19.
El problema es que estas y otras críticas, los patrones no se las dicen directamente al gobernador Carreras, no se atreven, se ponen una venda ante la presunta corrupción en la Secretaría de Salud, el inexistente Metrobús después de dos sexenios y una millonada perdida, la cancelación de la presa La Maroma, la inseguridad, las ejecuciones diarias y los feminicidios.
Con quien no se andan con rodeos es con el Presidente AMLO, todo lo que hace y deja de hacer está mal, es un populista, demagogo, descalifican los programas sociales y el nuevo etiquetado de alimentos procesados, dicen defender las libertades en riesgo y repudian a Trump, no por estigmatizar a los paisanos, sino porque es un aliado de AMLO.
Esta línea de confrontación es marcada por Gustavo A. de Hoyos Walther, dirigente nacional de Coparmex, que el líder local Julio César Galindo acata gustoso y la disemina hacia las otras cámaras empresariales que viven dos realidades a su conveniencia, de sus filas van a proponer candidatos al PAN o la coalición de derecha que se vaya a formar.
LOS TERRENITOS DE ESPER
Desde hace varias semanas regidores de oposición del Cabildo de Ciudad Valles pusieron sobre la mesa los pagos millonarios que se hizo a sí mismo el alcalde Adrián Esper por unos terrenitos, ahora que la ASE documentó las irregularidades no hay una postura del edil, no ha usado sus redes sociales para defender la legalidad de ese egreso, siempre echado para adelante, hizo mutis. De este duro tropiezo se benefician sus adversarios que también quieren ser candidatos de Morena, le están exigiendo que aclare el asunto.