La Secretaría de Bienestar debe aclarar el uso de 561 millones 986,196 pesos del esquema de contratación de los “Servidores de la Nación”, el “ejército” de brigadistas creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la difusión y registro a los programas sociales del gobierno federal y que actualmente forma parte de las brigadas para la vacunación contra el COVID-19.
El tercer informe de la Cuenta Pública de 2019 presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibe un esquema en el que no se comprobó la totalidad del pago de las nóminas para estos servidores, quienes también registran pagos dobles, contrataciones simultaneas en otras unidades de la Secretaría de Bienestar, así como la recepción de remuneraciones que les correspondían a otros de sus compañeros
La operación de los Servidores de la Nación se encuentra en la mira por la toma de fotografías a las credenciales de elector y a los propios adultos mayores que reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ante las elecciones del próximo 6 de junio, cuando 15 estados elegirán gobernador y las 32 entidades votarán cargos públicos locales.
Pero el cuestionamiento a esta agrupación ha sido desde que el inicio de su conformación, pues es considerado un “ejército” con tintes electorales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido que estos funcionarios ayudan a evitar la corrupción, pues permiten que los apoyos gubernamentales lleguen directamente a los beneficiarios sin necesidad de intermediarios.
Gabriel García Hernández, coordinador nacional de Programas para el Desarrollo, está a cargo de esta estructura compuesta por más de 20,000 personas.
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Entre las irregularidades que puso en evidencia la auditoria a la Contratación de Personal Mediante el Esquema de “Servidores de la Nación” está que las nóminas presentadas no justifican el total de los 224 millones 50,400 pesos ejercidos en 2019.
La Secretaría de Bienestar tampoco presentó la documentación que acreditara el pago de 97 millones 39,700 pesos en nóminas, pues no entregó las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y tampoco presentó la documentación completa que comprobara el pago de 15 millones 929,600 pesos a “servidores de la nación”.
La Auditoría también identificó la transferencia sin justificar ni comprobar de 87 millones 581,900 pesos a tres cuentas bancarias a nombre de la propia Secretaría de Bienestar para el pago a los “servidores de la nación” contratados en 2019.
La dependencia, que hoy encabezada por Javier May Rodríguez, también destinó a fines distintos a los autorizados 30 millones 200,000 pesos que transfirió a cinco unidades responsables y un programa presupuestario no autorizados para la contratación del personal.
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La ASF exhibió en esa auditoria forense que se realizaron pagos dobles a 147 “servidores de la nación” por 16 millones 285,000 pesos, recursos que se sumaron a los 2 millones 178,000 pesos que se pagaron a otros 138 que estaban contratados también en la Unidad de Coordinación de Delegaciones y otras Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar, sin contar con dictamen de compatibilidad.
Además dio 18 millones 76,400 pesos a 355 “servidores de la nación” que a su vez recibían honorarios con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
A esas irregularidades se suma que la Secretaría de Bienestar realizó pagos por 85 millones 201,600 miles de pesos a 789 cuentas bancarias vinculadas a dos o más Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de “Servidores de la Nación”, en los que se constató que recibieron el pago que le correspondían a otros de sus compañeros.
La Secretaría del Bienestar ahora debe de aclarar las observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación, por lo que hasta el momento no pueden consideradas irregularidades consumadas.