Marcela Loyola
El Observatorio Indígena Mesoamericano se pronunció contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de reservar información de los proyectos de la 4T, al considerar que es inadmisible por violentar los derechos humanos en general y en particular el derecho a la Consulta libre, previa, informada, adecuada a su contexto sociocultural y de buena fe a la que tienen derecho los pueblos originarios, además que esto abre la puerta al despojo de sus tierra.
Esto en relación con el decreto emitido por el Ejecutivo de México el 22 de noviembre del 2021, en el que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
El integrante del Observatorio, Juan Felipe Cisneros Sánchez dijo que el derecho humano a la consulta es prácticamente la llave para abrir paso al derecho al desarrollo y al conjunto de los derechos humanos, por eso emitieron dicho posicionamiento.
“México requiere de un modelo de desarrollo basado en el respeto de los derechos humanos y colectivos consagrados en la Constitución y en los Tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Senado de la República. México ha tenido hasta la fecha, un modelo de desarrollo asimétrico, donde la pobreza, pobreza extrema y desigualdad han sido el signo de la irracionalidad, del abuso de poder y la lacerante corrupción”, señaló.
Puntualizó que el Coneval indica que entre los años 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas. El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7.0% a 8.5% entre 2018 y 2020 y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas.
“La pobreza, extrema pobreza y desigualdad que en particular ha impactado severamente a los Pueblos originarios, que por el sólo hecho de anteceder al proceso de colonización deberían ser los primeros en derecho, por ser los primeros en hecho”, dijo.
Cisneros Sánchez manifestó que el decreto en cuestión resulta inadmisible en cuanto que violenta los derechos humanos en general, “el decreto de facto autoriza el despojo de territorios indígenas ancestrales, incluyendo no sólo tierras, también aguas, naturaleza y todo lo que en el subsuelo se encuentra. Dejando a los más vulnerables en estado de indefensión absoluta y omitiendo de facto el derecho a su consentimiento”.
“El decreto al resolver de facto todas las autorizaciones de los proyectos que señala como prioritarios y estratégicos, da “banderazo” a la opacidad, al levantamiento de la veda de aguas en las cuentas estratégicas de México, a la minería de cielo abierto destructora del medio ambiente; da paso a la contaminación de suelos, aguas, aire, etc. produciendo un espacio para el capital foráneo depredador y no produce un espacio para el desarrollo equitativo y basado en derechos humanos, ni en la interculturalidad , ni en el acceso pleno a la información, y menos con una perspectiva de género”, advierten.
Añadió que el interés público y la seguridad nacional no pueden estar por encima de los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios que tienen derechos de preferencia sobre el uso de los recursos naturales. “Exhortamos y exigimos a que el Ejecutivo Federal respete la Constitución, los Tratados internacionales, y ante todo la palabra empeñada de no mentir, no robar y no traicionar”.