Por tomar fotografías al cadáver Octavio Pérez Ocaña, una paramédica y un policía de investigación fueron separados del cargo público como medida cautelar. Para la familia y la fundación Lex Pro Humanitas, el acto da certeza de que prevalecerá el estado de derecho y la justicia.
Una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el Distrito de Tlalnepantla, emitió la resolución judicial y ambos siguen su proceso en libertad.
En audiencia inicial por formulación de imputación, las defensas de Marcelina “N”, paramédica, y Raúl “N”, policía de investigación, solicitaron la duplicidad del término constitucional, que implica que en 144 se resolverá si son o no vinculados a proceso.
Además se le impuso a Marcelina “N” la presentación de una garantía económica de cinco mil pesos, mientras que Raúl “N” de ocho mil pesos.
La jueza de control del Poder Judicial, estableció el próximo 21 de marzo, como la fecha en la se resolverá la situación jurídica de ambos.
A ambos se les acusa de hacer uso de sus teléfonos celulares fuera de lo permitido por la ley y tomaron fotografías al cadáver del histrión el 29 de octubre de 2021.
Familia
En un comunicado la familia y la fundación Lex Pro Humanitas aseguraron que el estado de derecho y justicia prevalecerán en el caso para que los actos ilegales e indebidos relacionados en el deceso del actor sean castigados con el peso de la ley.
Dieron a conocer la separación del cargo de los servidores públicos y añadieron que las penas por este delito van de los tres a los seis años de prisión.
Adelantaron que colaborarán con las autoridades para acreditar su responsabilidad y que enfrenten la justicia por el acto que aseguran afectó de manera directa la moral de los familiares y de las personas cercana al joven.
Recordaron que dicha conducta es violatoria de derechos humanos y está en proceso de investigación para en su caso ser tomada en la recomendación correspondiente.
Contexto
El día de los hechos el actor habría tratado de evadir a policías de Cuautitlán Izcalli que le marcaron el alto, metros después fue cuando estampó la camioneta que conducía tras quedar lesionado.
Las primeras indagatorias de las autoridades mexiquenses fue el actor se habría disparado accidentalmente a sí mismo, una indagatoria que ha rebatido la familia.
Ley Ingrid
Es de recordar que en el Estado de México está vigente la Ley Ingrid, aprobada en julio del año pasado. La misma prevé que los servidores públicos que hagan la difusión indebida de imágenes, o información de víctimas, serán castigados penalmente hasta con 11 años de cárcel.
Además de multa de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
No obstante, cuando se trate de imágenes de cuerpos de niñas, mujeres o adolescentes, circunstancias de su muerte, lesiones o el estado de salud, las penas se incrementan hasta la mitad.
Para proponer dichas sanciones, se propuso reformar diversos artículos del Código Penal estatal para tipificar el delito.
Con información de El Heraldo de México