Programa especial dedicado a la pugna entre algunas de las principales figuras de la cuarta transformación.
La carta publicada por Julio Scherer, que apunta a una confabulación entre la senadora Olga Sánchez Cordero y el fiscal Alejandro Gertz, deja ver una pugna política de magnitudes inéditas, justo en la cúpula de la cuarta transformación y que obliga ya al presidente López Obrador a actuar y revelar lo que conoce sobre el caso.
Son algunos de los puntos que se tocaron durante la transmisión especial que realizó Aristegui Noticias este domingo. En la primera parte, Carmen Aristegui leyó la carta publicada por el exconsejero en la revista Proceso.
Entre las varias revelaciones, Scherer dice que el fiscal le pidió el ‘favor’ de no entregar un amparo a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de asesinar a Federico Gertz Manero.
El exconsejero jurídico dice que al abogado de Infraiber, Paulo Díez, presentó una denuncia manipulada, y que con insidia utiliza información falsa que es aprovechada por Gertz Manero y Sánchez Cordero para armar su acusación.
El abogado Paulo Díez respondió en el programa especial que sus denuncias están armadas con documentos. Dijo que su ‘lucha legal’ está separada del trabajo que realiza para Infraiber y que en este capítulo únicamente se ha dedicado a denunciar una red de corrupción, que tiene a Scherer en el centro.
AMLO: El personaje de fondo
En la mesa de análisis, Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, dijo que los personajes más cercanos al Presidente están en abierta confrontación, sin que él meta orden, lo que evidencia lo que ha pasado en este gobierno: cada quien hace lo que quiere o puede y cuando hay conflicto se deja pasar todo, para que sobreviva el más apto.
También dijo que el conflicto marcará la necesidad de que el Presidente haga algo, de lo contrario se deteriorará la imagen de su gobierno.
Alfredo Figueroa, exconsejero electoral, dijo que ya hay elementos suficientes para que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice la vía legal y se asuma como responsable de tener una fiscalía como bien público para alcanzar la justicia.
Afirmó que la carta revela ‘cosas inocentes’ sobre cómo opera el poder político en este sexenio, en particular sobre el papel que tiene el Poder Ejecutivo en la resolución de casos judiciales, donde formalmente no tendría una participación.
En la parte final de la mesa se leyó el párrafo de la Constitución que establece el mecanismo para retirar al fiscal: “El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”.
Garza dijo que está en juego el sistema de justicia y el proyecto de la cuarta transformación, pues puede marcar el inicio de más pugnas en diferentes sectores del debate público, con el peligro de que las ‘traiciones’ particulares pongan en riesgo lo prometido en las urnas.
Figueroa dijo que el propio Scherer puede contar más cosas sobre el papel que jugó la Consejería Jurídica de Presidencia en procesos que lleva la Fiscalía General de la República, pues no necesariamente corresponden a las atribuciones que tenía como servidor público.
En el fondo de esta pugna política está la necesidad de tener un aparato de justicia confiable, libre de intervenciones políticas, además de aclarar todos las acusaciones de ilícitos que se han lanzando en la cumbre de la cúpula de la llamada 4T.
Con información de Aristegui Noticias