En el Centro de Reinserción Social de La Pila existen unos 1,500 varones internos, 58 mujeres y la manutención diaria cuesta 282 pesos por persona; más gastos de atención médica, medicamentos, gas, energía eléctrica, papelería y vehículos.
Hay dos empresas que funcionan en el interior, una que fabrica focos para tráileres que emplea a 211 varones y 23 mujeres y otra que emplea a 108 varones para fabricar sacos y supersacos para envasado de granos, polvos químicos, sal y arena desde 5 hasta 1,500 kilos de resistencia, desde hace 14 años.
Hay talleres de artesanías y muebles, en la zona de cuidados maternales, área pedagógica, biblioteca y “zona consular”, donde hay 33 extranjeros recluidos de Venezuela, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala, cuyos consulados les brindan ayuda como por ejemplo, enlazarlos con sus familiares en los lugares de origen.
Se ha ido mejorando la calidad de los alimentos, pero hay otros rubros que requieren atención como áreas para separar sentenciados de procesados y redoblar las medidas de seguridad, pues el penal fue inaugurado en 1999 cuando el tipo de delincuencia era otro totalmente diferente.
Los datos anteriores se difundieron en un boletín tras la visita de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social al Centro de Reinserción Social de La Pila, para conocer las condiciones de su operación y poder sustentar su compromiso de canalizar más recursos en el Presupuesto 2019 del Poder Ejecutivo, que permita a las autoridades poner en marcha programas y mejorar las condiciones de infraestructura.
La presidenta de la Comisión diputada Beatriz Benavente Rodríguez, el vicepresidente diputado Rubén Guajardo Barrera, la secretaria diputada Angélica Mendoza Camacho y el vocal Pedro César Carrizales Becerra, fueron recibidos por el director general de Prevención y Reinserción Social, Alfredo Vargas Quintanilla, el director del penal, Juan Roberto Montes Romero, el coordinador de Control y Gestión de la Secretaria de Seguridad Pública, David Baeza y los encargados de las diversas subdirecciones y áreas.
La diputada Benavente Rodríguez afirmó que uno de los principales acuerdos fue revisar la parte económica para canalizar recursos a los centros penitenciarios, porque la población penitenciaria tiene muchas necesidades y sin presupuesto será complicado lograrlas; “merecen tener condiciones de seguridad y dignidad para lograr las reinserción de personas privadas de su libertad”.
Coincidió con el diputado Pedro Carrizales en el sentido de que la nueva administración de los penales “ha hecho mucho con muy poco”, hay grandes avances desde el hecho de que por primera vez hay un director del Penal que habla con los internos, “porque antes solamente venían a gritarles y sobajarlos, como nos pudieron platicar durante el recorrido; nos llevamos muchas tareas y el compromiso de apoyar aprovechando la buena voluntad de las autoridades”.