La Comisión de Derechos Humanos analizará la iniciativa que propone expedir la Ley de Protección para las Personas Cuidadoras en el Estado de San Luis Potosí, la cual será una herramienta importante para la creación de una política pública que apoye y atienda a las necesidades de quienes se encargan del cuidado de personas con discapacidad, o adultos mayores, señaló la diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de esta comisión legislativa.
“Esta ley sería la primera a nivel nacional, y va empujar una nueva política pública para el estado, porque tenemos que trabajar de manera transversal, y vamos a hacer mesas de trabajo con diversas dependencias que están involucradas la Secretaría del Trabajo, con Desarrollo Económico, SIFIDE, Salud, y las dependencias del Ejecutivo involucradas las vamos a convocar para enriquecer esta ley y que podamos tener un padrón de cuidadores para que los empleadores sepan que hay un cuidador en sus filas y poder tener esa flexibilidad, y ver cómo se les puede incentivar y apoyar para que puedan emprender”.
Reconoció el esfuerzo y las manifestaciones que han realizado las organizaciones de cuidadoras y cuidadores por visibilizar su situación, porque su labor es muy importante para la atención de personas con discapacidad, de adultos mayores, o de quienes por alguna circunstancia requieren asistencia completa, la cual es prestada por sus familiares directos, quienes en la mayoría de los casos no cuentan con recursos económicos suficientes y por lo regular pierden sus empleos formales.
“Siempre hablamos de las personas con discapacidad, pero no hablamos de las personas cuidadoras que están 24/7 y de verdad esas personas que se encargan de cuidarlos pierden sus trabajos porque tienen que estar llevándolos constantemente al doctor, hay personas que tienen discapacidades crónicas o que cuidan a personas adultos mayores que se necesitan todo el tiempo y si no se tienen las condiciones para contratar a una persona, literalmente viven para ellos, y el estado ha sido omiso en protegerlos y reconocerlos”.
Agregó que con esta nueva legislación, se pretende lograr la plena protección e inclusión a la sociedad de las personas cuidadoras, a través de su acceso a los programas y políticas públicas que deberán diseñar las autoridades competentes, en la que se observará la transversalización de la perspectiva de derechos humanos, de género, de interculturalidad, de infancia, y de discapacidad, así como el principio pro persona.
Se establece el Sistema Estatal de Cuidados, como un conjunto de dependencias públicas que deberán desarrollar acciones, programas, y políticas públicas que tienen como centro a las personas cuidadoras y que son necesarias para atender a quienes requieren de cuidado, garantizando sus derechos y fomentando su autonomía.
Se busca que a través del DIF Estatal se cuente con una base de datos con el padrón de las personas cuidadoras, así como de aquellas que deberán estar inscritas a los programas que se implementen por parte de las autoridades de la administración pública; así como una coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) para crear políticas públicas que permitan la creación gradual de un programa de apoyos y subsidios para personas cuidadoras y destinatarias de cuidados, entre otras acciones.