Si mueren cada día 11 mujeres en México por violencia y solo 1 de cada cuatro homicidios contra ellas se clasifica como feminicidio, es apenas una pequeña muestra de que algo anda muy mal y lo peor es que institucionalmente no se observan medidas de fondo que den esperanza de que el escenario mejorara.
De las más de 100 actividades que anunció el Instituto Estatal de las Mujeres, muy pocas se observan como estratégicas; habrá una carrera atlética, exposiciones fotográficas, etc, pero no se anunciaron algunas de largo plazo que -por ejemplo- busquen incidir en el fortalecimiento de capacidades institucionales o que estén alineadas a la agenda internacional como por ejemplo los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Desde el acoso sexual hasta la brecha salarial de género, pasando por los diferentes tipos de violencia como la recién legislada violencia vicaria, económica, sicológica, física, y muchas más, parecen estar olvidadas por los gobernantes y resurgir sólo en marzo y el 25 de noviembre.
Las mujeres en México siguen padeciendo la violencia política en todos los órdenes de gobierno, siguen estando insuficientemente representadas en los cargos políticos más altos. Hasta 2020, las mujeres en el mundo sólo ocupaban el 25 por ciento de los espacios en los parlamentos nacionales y representaban menos del 7 por ciento de la dirigencia mundial.
Con escenarios así de desalentadores, las mujeres tienen que seguir en la batalla de ganar el espacio público para hacer visibles las carencias, inequidades e injusticias de miles, y hacerse oír hasta que retumbe en los oídos de machistas y misóginos, aunque sólo sea por algunas horas, que por algo se empieza.
En San Luis Potosí, las cosas tampoco andan bien en el tema de la no violencia contra las mujeres. Todavía se sigue lamentando la decisión tomada en mayo de desaparecer la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género, en la investigación, persecución, litigación y concentración de asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios (UEMI), que de algo estaría sirviendo ante los recientes casos de las muertes de mujeres en la zona media.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia advirtió que la estructura de la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí no tenía la suficiente capacidad para realizar una investigación “diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género en casos de presuntos delitos de feminicidios”
No se evidenció mucha voluntad política al permitir que esta unidad especializada, solo viera la luz del 3 de abril de 2020 a mayo del 2022 con el argumento simple del fiscal de que la UEMI no tenía razón de permanecer, al insistir que solo fue para conocer el caso de Karla Pontigo, un lamentable caso que como muchos parece apostarse a que se perderá en el tiempo, la impunidad y el olvido.
Y hablando de capacidades institucional, que decir de los casos en la UASLP, en donde se han vivido tantos años de abandono e ignorar situaciones de acoso y maltrato contra las mujeres, que el destino está alcanzando y rebasando a las autoridades. “Guardar” mas de tres meses en un cajón la recomendación por violar derechos humanos no es un asunto menor que deba diluirse en la opinión pública, sin que las instituciones involucradas den la cara y respondan por sus culpas y omisiones.
Por Lidia Juache