Al comparecer ante las y los integrantes del Poder Legislativo, el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera refirió que el trabajo realizado de octubre de 2015 a octubre de 2018, se enfocó en contar con un método de vanguardia que ya es referente en materia penal.
Se logró, dijo, hacer de la institución un ente con rumbo, con raíces profundas, con apego irrestricto a los derechos humanos, al debido proceso y la presunción de inocencia, protegiendo, ante todo, a la víctima.
Luego del Primer Informe de Actividades de la Fiscalía General del Estado de SLP, Garza Herrera señaló a los diputados y diputadas, que todos los esfuerzos, estrategias, acciones y los logros están dirigidos a optimizar las condiciones de acceso a la procuración de justicia, a la que tiene derecho la población, desde el respectivo ámbito de competencia.
Explicó que la FGESLP es referente penal porque “nuestra área de medios alternos de solución de conflictos, es observada y visitada por personas y servidores públicos de diversos estados del país; incluso aquellos que iniciaron la implementación del sistema mucho antes que San Luis Potosí, por ello creo que a pesar de que es una institución en nacimiento, cuenta ya con raíces profundas que le permitirán sostenerse y nutrir la procuración de justicia”.
Dijo que a su llegada a la institución, le tocó implementar el sistema penal vigente de manera inmediata en Tamazunchale y en las Etnias, ya que a esa fecha solo operaba en Matehuala, Rioverde y Valles, y el 10 de junio de 2016, se instaló el sistema en todo el Estado.
También creó el Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de Justicia, lo que le ha permitido integrar a la población a esta labor “con sus aportaciones tomamos decisiones, corregimos y rectificamos; con ellas se enriqueció el proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía, así como el Plan Estratégico de Transición y los lineamientos provisionales; documentos que ahora han hecho posible la gobernabilidad plena de la institución”.
De igual forma, ha tenido el apoyo de USAID y PRO JUSTICIA, PLAN MERIDA, entidades que trabajan con recursos del gobierno de Estados Unidos, y para enero próximo se firmará un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el fin de que coadyuven con la Fiscalía en la consolidación del sistema de justicia penal.
También se han fortalecido lazos y acciones con las Procuradurías y Fiscalías del país y el próximo mes refrendarán y actualizarán los convenios vigentes de colaboración y ayuda mutua, que se tienen con cada uno de ellos.
El Fiscal dijo que están fortaleciendo día a día las diversas áreas e instancias que conforman la institución, y la capacitación y profesionalización del personal se logrará con el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses que comenzará actividades el próximo año.
Explicó que la nueva conformación de la FGE, permitirá su gobernabilidad plena y con ella se accede a la Vice fiscalía de tres pisos que contiene atención temprana, medios alternos de solución de conflictos en su primera fase, la investigación de los delitos, en su segunda y en la tercera la litigación.
Mientras que con la Vice fiscalía Jurídica, la de la Mujer, la de Derechos Humanos, la Científica y la de Pueblos Indígenas, junto con los delegados y coordinadores, se logrará que en el corto tiempo se consolide el sistema penal acusatorio en San Luis Potosí, lo que se llevará a cabo a través de diversos instrumentos jurídicos que norman la actuación ministerial, pericial y policial.
A los cuestionamientos que le hicieron los legisladores sobre las detenciones, el secuestro, homicidios; Feminicidios; linchamientos, personas desaparecidas; atención a los usuarios, carpetas de investigación iniciadas y los avances en algunas áreas como servicios periciales, el Fiscal General del Estado les informó de manera puntual los avances en cada uno de los puntos.
Sobre la labor de la Policía Investigadora, dijo que del 2015 al 2018, llevaron a cabo la detención de 4 mil 158 personas que presumiblemente incurrieron en diversos ilícitos y desarticularon a 71 bandas delictivas al asegurar a 254 personas relacionadas con delitos como homicidio calificado; robo de vehículo; secuestro; abigeato; robo domiciliario; ataque peligroso; extorsión; trata de personas; privación ilegal de la libertad; tráfico de personas y robo a cuentahabiente, entre otros.
Los agentes investigadores también cumplimentaron 37 órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas relacionadas con delitos de alto impacto, como lo es el robo de vehículo en diversas modalidades.
Dijo que se ha reducido de manera significativa la atención a la población, ya que ahora una persona no se lleva más de 15 minutos para interponer su denuncia en la Unidad de Atención Temprana (UAT), la cual trabaja las 24 horas, los 365 días de año.
De igual forma, informó que la UAT en el edificio central, a partir de la implementación total del sistema, en 2016 registró 21 mil 623 atenciones e inició 15 mil 521 carpetas de investigación; en 2017 brindó 39 mil 282 atenciones y se iniciaron 29 mil 057 carpetas de investigación y en lo que va de este 2018, se otorgaron 38 mil 193 atenciones a la población y se apertura ron 28 mil 808 carpetas de investigación.
Durante esta gestión se fortaleció la Unidad Especializada de Combate al Secuestro con equipamiento de alta tecnología para llevar a cabo las investigaciones en su materia, por lo que del 2016 a octubre de 2018, se detuvo a 73 personas relacionadas a alguna privación ilegal de la libertad; desarticuló 9 bandas delictivas dedicadas al secuestro y liberó a 70 víctimas de este delito.
Garza Herrera también les informó a las y los legisladores sobre la creación de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el 2017, inicialmente con sede en la capital potosina y posteriormente, se abrió una oficina de atención directa en Ciudad Valles.
Mientras que la Coordinación de Alerta Amber San Luis Potosí tiene una efectividad del 99 por ciento, ya que ha recuperado a 1 mil 978 niños, niñas y adolescentes que ya fueron entregados a familiares y/o a Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para su custodia en caso de existir violencia en el seno familiar.
También dio cuenta de la creación del Comité de Cultura Institucional con Perspectiva de Género del entonces PGJE, mismo que está conformado por personal de la propia institución y el cual sesiona de manera cotidiana a fin de establecer políticas de inclu¬sión, igualdad y equidad.