Mientras que el adeudo del gobierno del estado con la Dirección General de Pensiones rebasó ya los tres mil 600 millones de pesos, duplicándose en la administración de Ricardo Gallardo Cardona los pasivos heredados, el mandatario cesó al titular de la dependencia, Jorge Escudero Villa.
La destitución fue revelada por el propio mandatario, quien señaló que era un cese que ya se anticipaba, y es que hace algunas semanas detalló que la Contraloría Interna estaba llevando a cabo una auditoria interna de la Dirección General de Pensiones, en la cual estaba encontrando algunas irregularidades, tales como préstamos a jubilados por un monto cercano a los 900 millones de pesos.
“Obviamente va a haber cambio en Pensiones, que ya se vislumbraba, ya se veía, y otra más que estamos a punto de tener”, expuso.
Escudero Villa estuvo al frente de una DGP que vio cómo el gobierno gallardista duplicó el adeudo heredado de pasadas administraciones. El monto de obligaciones no pagadas al inicio de esta administración fue de mil 196 millones de pesos.
De acuerdo al más reciente reporte de pasivos, a marzo pasado ascendía a tres mil 657.8 millones de pesos, es decir, que esta administración elevó en dos mil 461.1 millones de pesos el saldo insoluto.
Un incremento de 105.6 por ciento en año y medio.
Sobre la auditoría, el acta de la sesión celebrada el 29 de marzo pasado expone que los representantes de los sectores burócratas y magisteriales desconocen su naturaleza y expresaron críticas contra ella.
El representante de los burócratas, Olegario Saldaña Coreno, indicó que la fiscalización tiene detenidos desde hace 4 meses la emisión de préstamos, pero indicó que los integrantes de la Junta Directiva de la DGP no han sido informados del motivo por el que la auditoría afecta la autorización de los préstamos.
Sobre la omisión de pagos por parte de la administración estatal, Saldaña Coreno indicó que “no hay interés por parte del Gobierno del Estado en el cumplimiento de obligaciones con la Dirección de Pensiones, ni en el pago de retenciones efectuadas al trabajador ni en el pago de aportaciones patronales”.
Con información de: Jaime Hernández/ Pulso