Por liberar a uno de los presuntos involucrados en el asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido el 9 de noviembre de 2019, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida y quedó a disposición de las autoridades. Su abogada y sus familiares aseguraron que la funcionaria judicial sólo acató la orden de un juzgado federal y que para sancionarla le están fabricando otro tipo de delitos.
La jueza Angélica Sánchez denunció previamente que le llamaron desde el Tribunal Superior de Justicia para que acudiera a las 10 de la mañana del lunes para una audiencia con la presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez; sin embargo, cuando llegaba a Xalapa fue interceptada y bajada de su vehículo.
Su familia tuvo que denunciar públicamente que estaba desaparecida, pues en una primera consulta, las autoridades habían negado su detención, por lo que consideraron que se trataba de un “levantón”.
Ingrid Gómez, hija de la jueza, narró que su madre tuvo que acatar lo dictado por el juez federal mediante un amparo.
“Pero al parecer esto desató la ira de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, del gobernador Cuitláhuac García y del secretario de Gobierno Patrocinio Cisneros”, aseguró.
Dijo que mediante una llamada telefónica supo que a su madre se la habían llevado, que la bajaron de su vehículo y no llegó a su cita con la presidenta del Tribunal; tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, se negaron a proporcionarle información de dónde estaba su madre, por lo que ya sospechaban incluso de un secuestro o privación de la libertad.
Cinco horas después de haber sido sustraída y tras la denuncia pública, a la jueza le permitieron hacerle una llamada a su hija y le explicó que estaba detenida en el cuartel Heriberto Jara, de la subsecretaría de Seguridad Pública, que los cargos que le habían fincado para poder dejarla en prisión fueron posesión de droga y de arma, pues en el cuartel la obligaron a disparar.
Carmelo Reyes Gallardo, abogado penalista y representante de la jueza, señaló que no hay datos de prueba y que el haberla dejado cinco horas incomunicada violentaba sus garantías, un caso que se repite en detenciones de este tipo, aseguró.
Ayer lunes, al mediodía, la Unidad de Atención permaneció cerrada y no permitían el acceso de abogados y ciudadanos que llegaban a presentar denuncias porque presuntamente habían trasladado a la jueza y la mantenían encerrada e incomunicada en ese lugar.
Cabe mencionar que la persona que puso en libertad es Itiel N, quien es conocido en la región del Istmo como Compa Playa, señalado por las autoridades de ser alto generador de violencia, pero que, de acuerdo con lo explicado por el abogado, es un caso que desde que lo armó la Fiscalía estaba viciado.
Con información de Excélsior