Marcela Loyola
El Congreso del Estado no va a ratificar a María Refugio González Reyes como magistrada del Poder Judicial del Estado (PJE), aunque nos vuelvan a multar o nos quieran destituir, afirmó el diputado José Luis Fernández Martínez, al advertir irregularidades en el proceso judicial en contra del Legislativo.
Aseguró que, no hay temor de una nueva multa o la destitución del cargo, lo cual será una decisión que tomen los tribunales, pero ya fue admitido un recurso del Congreso donde están solicitando al Juez Octavo de Distrito que se excuse porque consideran que hay un conflicto de intereses.
“Nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho, de nuestra autonomía, de nuestros actos soberanos porque la decisión de un legislador es votar a favor, en contra o abstención. Y lo que sí advertimos es que hay una serie de irregularidades en el proceso, los plazos que se nos dan para cumplir con la sentencia de amparo son los mínimos, hay una presión muy importante para quienes decidimos optar por un no, aplicando multas, que desde nuestro punto de vista no se justifican y ya las estamos recurriendo por la vía judicial”, expuso.
El líder de la bancada del PVEM puntualizó que, su posicionamiento ha sido muy claro y contundente, “prácticamente al juez lo único que le falta es decirnos que la ratifiquemos o nos van a destituir, ese es el mensaje entre líneas y si el juez quiere que la ratifiquemos, que venga al pleno y le tome protesta y se haga cargo de su decisión”.
Dijo que, consideran que González Reyes, no es un perfil que deba estar en el PJE, por ello “defenderán la soberanía del Congreso hasta las últimas consecuencias, aunque nos vuelvan a multar y aunque nos destituyan toca defender al Congreso, porque se está trastocado todo el orden legal y una votación que es por cédula, que su principal objetivo es la secrecía del voto del legislador y se trastoca al pedirnos que firmemos un voto, que razonemos, fundemos y motivemos, nos tratan como si fueran los directores de comercio clausurando algún negocio de bebidas alcohólicas y este es un poder del estado”.
Añadió que, estas situaciones evidencia la intervención del Poder Judicial Federal en el Congreso, “nosotros no habíamos tocado este tema por cuidar el procedimiento, pero creo que llegamos a un límite bastante extremo porque en cinco ocasiones hemos llevado este asunto y a las cinco ocasiones le hemos dicho primero la profesionista y luego a la funcionaria que no estamos de acuerdo y que no vamos acceder a este proceso de ratificación y si hay necesidad de volvernos a pronunciar lo haremos”.
Fernández Martínez manifestó que, la profesionista no cumple con los requisitos para ser magistrada, pues la Constitución pide que presente un título expedido de una institución educativa y en lugar de eso presenta una cédula, además “la cédula no corresponde con su nombre porque ella es María del Refugio y la cédula dice Ma. del refugio y en el expediente no hay ninguna aclaración en ese sentido, entonces ese requisito no está cubierto”.
Indicó que, en el 20 por ciento de los expedientes que ella presenta para su análisis, “sus resoluciones y decisiones fueron tomadas a destiempo, fuera de los tiempos que le ordena la ley, por lo tanto hay deficiencias en su trabajo que ya nos presento durante los años que fue magistrada.
Agregó que, también la secretaría general de gobierno de la administración anterior, hizo una consulta pública donde le preguntó a las asociaciones de abogados del estado la opinión de la ratificación de esta magistrada y una contundente mayoría, 23 de 25 asociaciones de abogados, “consideran que este perfil no debe de ser ratificado por ineficiencia, falta de transparencia y por malos procedimientos dentro de su sala, entonces el Poder Legislativo, que representa a los ciudadanos, en este caso estamos abanderando la posición de las asociaciones de abogados.
“Nosotros nos vamos a mantener en esta postura porque creemos que en el fondo y detrás de todo este conflicto legal pues vemos que se está experimentando con las decisiones de legislativo y a nadie le conviene que el Poder Legislativo esté de rodillas y sometido a intereses ajenos a los de San Luis Potosí”, sentenció.