Marcela Loyola
La activista y defensora de los derechos humanos, Catalina Torres Cuevas señaló que, hay más reformas que ha realizado el Congreso del Estado que están impugnadas, debido a que no realizaron las consultas a las personas con discapacidad o se hicieron sus cumplir con los parámetros necesario.
Lo anterior, después de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma al artículo 91 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, realizada por el Congreso del Estado, por no consultar a las personas con discapacidad.
Catalina Torres recordó que, las reformas a la Ley de Salud Mental y las relacionadas con los estacionamientos también se les inició una acción de inconstitucionalidad, debido a que no se consultó de forma adecuada, sino que fue una simulación.
“El problema es que habían dicho que tenían todo bajo control, que en cuanto hubiera una iniciativa que involucrara personas con discapacidad, la apartarían y la consultarían. Aquí está la prueba de que no lo hicieron, ni lo harán (no tienen el conocimiento para hacerlo). Se les ha hecho la propuesta de que abran un área específica para que pueda verse desde el principio (no esperarse a la impugnación) cuáles son las iniciativas susceptibles de ir a consulta”, dijo.
Agregó que, a los diputados se les ha pedido que, “abran una convocatoria específica para personas con discapacidad especialistas en la Convención, pero ellos insisten en que no ‘necesitan vejigas para nadar’, ‘que puras habas’ y que su personal es muy capaz de hacer ese trabajo (…) pues ahí se ve su gran capacidad”.