Marcela Loyola
El fiscal general del estado, José Luis Ruíz Contreras informó que, por el delito de manejo irregular de al menos 200 millones de pesos de los recursos disponibles en la Dirección de Pensiones del Estado, fueron detenidos en el transcurso de la mañana de este lunes 29 de enero, son siete personas, entre ellos ex funcionarios y funcionarios públicos.
Los detenidos son: Ricardo N, ex tesorero de la Dirección de Pensiones del 2009 al 2023; Ana Lilia N, beneficiada con el incremento de su patrimonio; Juana Patricia N, quien colaboró en pensiones y actual servidora pública; Ana Paola N, administradora de una persona moral y Neftalí N su esposo, Arturo N quien es gerente de un banco y, Manuel N.
Ese desfalco cometido en la Dirección General de Pensiones, es lo que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, acuñó como el Fraude del Siglo, pues se pudieron llegar a desviar hasta 700 millones de pesos.
En rueda de prensa, Ruíz Contreras dio a conocer que, desde hace varias semanas, se realizaba un operativo de ubicación de los presuntos responsables a quienes se les atribuye los delitos de peculado y ejercicio abusivo de las funciones públicas.
“El monto que hoy se atribuye es de 200 millones de pesos que a la postre durante a la investigación, podrá a ascender a 700 millones de pesos que fueron desviados de las arcas de la Dirección de Pensiones. La forma de operar es desde el nivel de la tesorería de la propia dirección, ahí solamente se tenía autorizada la apertura de cuatro cuentas bancarias durante el transcurso de los años que abarca los 2020, 2021, 2022 y parte de 2023, de esas cuentas maestras se fueron aperturando más de 60 cuentas en una institución bancaria donde se fue dispersando dinero a una y a otra cuenta triangulándolas para que a final de cuentas llegara a manos de funcionarios y particulares”, expuso.
#Seguridad Siete funcionarios y exfuncionarios desviaron 200 millones de pesos: Fiscal pic.twitter.com/yGio5q3KBm
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) January 29, 2024
El fiscal dijo que, se detectó que los detenidos aumentaron su patrimonio de forma irregular y se detectó la utilización de documentos apócrifos, “trasladaron el dinero a cuentas particulares y de una persona moral que solo esa persona recibió 153 millones de pesos, se está llevando a cabo un cateo en sus domicilios, se está generando la información con la Comisión Nacional Bancaria”.
El recurso desviado fue de las retenciones de los derechohabientes que estaban pagando algún crédito hipotecario, por lo que la expectativa de cárcel para estos sujetos es de 2 a 12 años por el ejercicio indebido de funciones y de 5 a 15 años por peculado.
“Lo que se les reclama hoy son 200 millones de pesos con expectativa de que ese monto se incremente hasta 700 millones de pesos. De los siete, tres son funcionarios”, puntualizó.