Personas que cuenten con antecedentes penales podrán prestar el servicio de transporte público siempre y cuando acrediten los permisos de conducción necesarios; así lo establece la reforma a la Ley de Transporte Público que aprobó el Congreso del Estado el pasado 7 de marzo.
La iniciativa fue presentada en octubre de 2022 por las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). En su exposición de motivos señalan que las líneas de transporte público en la Zona Metropolitana enfrentan un importante déficit de personal, contando con una carencia del 40 por ciento de operadores.
Además, señalan que la reinserción social en México ha sido prácticamente nula, pues aseguran que el 60 por ciento de las personas que han obtenido su libertad tras cumplir sentencias condenatorias han vuelto a cometer algún delito, muchos de ellos ante la falta de oportunidades laborales. Además, existen estigmas que afectan a las personas que han sido privadas de su libertad.
Los legisladores señalan que desde enero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que solicitar cartas de antecedentes no penales para ejercer un trabajo, salvo algunas excepciones, va en contra de la Constitución. Sólo deberán solicitarse en empleos donde la ley así lo demande, para trabajar en servicios de seguridad pública o privada, o cuando sea requerida por autoridades jurisdiccionales, administrativas, electorales, organismos protectores de derechos humanos o una embajada o consulado extranjero en México.
Con información de: Pulso