El Gobierno mexicano ha hecho público este viernes el expediente sobre la deuda fiscal de Grupo Salinas, el conglomerado empresarial propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que incluye entre otras compañías Grupo Elektra, TV Azteca, Banco Azteca o Total Play. El documento fue difundido en la página web de la Administración federal por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo ha difundido los adeudos del conglomerado contraídos en años pasados, que contienen los estados financieros del grupo, así como los créditos fiscales de 2008 a 2013 solicitados por Grupo Elektra, los créditos de Nueva Elektra de 2010, 2012 y 2014, y finalmente los adeudos fiscales de TV Azteca correspondientes a los años 2009, 2010 y 2013.
El 20 de marzo, López Obrador difundió que Salinas Pliego tiene una deuda de más de 63.000 millones de pesos en impuestos. El presidente pidió que las pruebas sobre el déficit del multimillonario empresario fueran difundidas para que cualquier persona pudiera consultarlas. Era una forma de ejercer presión sobre Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, a quien el dirigente persigue para que se haga responsable del dinero que debe al Estado.
El pleito entre López Obrador y el empresario, enfrentados desde hace tiempo, ha escalado en las últimas semanas. El presidente ha aprovechado la campaña electoral para exponer a los grandes contribuyentes que deben impuestos millonarios. El mandatario se ha negado a implementar una reforma fiscal progresiva para financiar las políticas de Estado, convencido de que la vía más fácil es conseguir que las grandes empresas paguen los impuestos justos y, sobre todo, los adeudos fiscales que arrastran de hace años.
En medio de la disputa entre Salinas Pliego y López Obrador, la Suprema Corte de Justicia dio un espaldarazo al empresario al concederle un amparo que lo libró de pagar 645 millones de pesos en impuestos por presuntas omisiones fiscales en 2011. Un día después, la Guardia Nacional tomó un campo de golf propiedad de Salinas Pliego en Huatulco, Oaxaca. Ese día, en su conferencia diaria de prensa, la Mañanera, el presidente defendió la acción: “Se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero se está recuperando. El campo de gol es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada”.
Días después, Salinas Pliego acusó de corrupción al Gobierno mexicano por un presunto desvío de dinero de los programas de la Secretaría de Bienestar. No presentó pruebas. El magnate también señaló a las autoridades fiscales de extorsionar a los empresarios. López Obrador respondió: “No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, [si] Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos”.
El pago de los impuestos que deben los grandes empresarios mexicanos es una batalla personal de largo recorrido para López Obrador, que ha recurrido a la presión mediática después de que los magnates hayan conseguido rehuir la vía legal. Y. en concreto, a Salinas Pliego, un empresario polémico, que entre otras salidas de tono amenazó con demandar a los autores “intelectuales y materiales” de una supuesta campaña de desprestigio contra la solidez financiera de Banco Azteca, un banco sobrevolado por el fantasma de la quiebra, por lo que él llamó “terrorismo financiero”.
Oxfam reveló, en un informe publicado a finales de enero y titulado El monopolio de la desigualdad, que las 14 personas más ricas de México, en su inmensa mayoría hombres, con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, duplicaron su capital en los cuatro años desde la pandemia; una época de empobrecimiento para millones de personas en el país por los estragos del coronavirus. “Los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia”, aseguraba Oxfam. Entre ellos se encuentran Carlos Slim, Germán Larrea y Salinas Pliego.
Con información de: El País