El Congreso mexicano, dominado por los legisladores de la mayoría gobernante, presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial en la cual se perfila renovar en 2025 a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y elegir además al 50 % de los jueces, según anunciaron este viernes legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De aprobarse el dictamen, la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, cuya presidencia concluye en 2026, dejaría la titularidad del máximo tribunal de manera anticipada.
Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo en una conferencia de prensa que las discusiones de las últimas semanas llevaron a “más de 100 modificaciones a la iniciativa que presentó el presidente” Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.
Sin embargo, se mantuvo el objetivo principal de la Reforma Judicial, es decir, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; se elimina el requisito mínimo de cinco años de experiencia para ejercer como impartidor de justicia y se solicitan calificaciones de 8 o 9 en las materias que pretenden especializarse los abogados que participen en las contiendas para ganar un lugar en un juzgado o un tribunal.
Desde ayer por la noche, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la Reforma Judicial y se citó para una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, el próximo lunes 26 de agosto a las 11 horas, la cual se realizará de forma semipresencial
En el documento se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasará de 11 a 9 ministros; la duración del cargo se reducirá de 15 a 12 años y que ningún ministro o ministra que haya ocupado el cargo, podrá presentarse como aspirante en las elecciones del 2025.
Además, los ministros de la Suprema Corte ya no podrán elegir a su presidente, ya que la presidencia del Máximo Tribunal quedará en manos del ministros más votado y su duración en el cargo será solo de dos años, por lo que habrá rotación por el número de votos que haya alcanzado cada ministro.
El diputado de Morena, Ignacio Mier, explicó que entre las modificaciones “se establecen con precisión cuáles son los requisitos técnicos, profesionales, de experiencia, de desempeño y evaluación social y profesional de quienes sean postulados por parte de los comités de evaluación”, y se garantiza la paridad, “iniciando siempre por darle el primer espacio a mujeres”.
Mier puntualizó que la elección “va a ser gradual, por escalonamiento”, es decir, habrá una elección extraordinaria para 2025 y otra elección “ya ordinaria concurrente para la elección federal en el 2027”.
“Va a ser en el mismo día en el 2025 la elección para la totalidad de los ministros de la Corte, para el 50% de magistrados y para todas las vacantes, cesantías, preretiros, prejubilaciones de jueces”, apuntó Mier, y agregó que el número exacto de postulaciones sería determinado a través de un informe que emita la Judicatura Federal al Senado.
El diputado Juan Ramiro Robledo detalló que la primera elección se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2025, según la propuesta que se planea discutir en el Congreso mexicano dentro de dos semanas, luego de que entre en funciones la nueva legislatura el 1 de septiembre, donde el oficialismo se perfila a tener una ‘supermayoría’.
Robledo añadió que la iniciativa incluye que los 32 estados del país sigan las mismas directrices que la reforma federal, aunque con la libertad de establecer sus propios plazos y fórmulas para implementarlas.
Además, señaló que se incluye la creación de tres órganos de evaluación, uno en cada Poder de la Unión, que revisarán los expedientes y antecedentes de los candidatos, y seleccionarán un grupo de finalistas para cada cargo, donde también podrán participar los actuales jueces, ministros y magistrados.
El diputado precisó que “cuando los tres comités o algunos de ellos lleguen a la conclusión de que hay muchos buenos candidatos para un cargo, ahí sortearán para que se reduzca el número”.
“Y los que resulten de ese procedimiento aleatorio, que existe en la legislación mexicana desde siempre, el Código Civil llevado a este procedimiento público, serán los que pasen por la vía del Senado al INE (Instituto Nacional Electoral) para que participen como candidatos”, señaló.
Agregó que habrá “dos evaluaciones: una antes de participar, para todos los que no son jueces, magistrados y ministros, y otra después, en el año en que estén ejerciendo por primera vez su cargo”.
“El tribunal disciplinario los sancionará, los revisará, los pondrá a trabajar, a capacitarse más, y si no, serán retirados”, afirmó.
Con información de: Aristegui Noticias