Mucho se ha hablado sobre la Reforma al Poder Judicial, una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador cuyo dictamen presentado el pasado 16 de agosto tuvo más de 100 modificaciones respecto con la iniciativa original enviada el 5 de febrero de 2024. El 26 de agosto de 2024, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general a la Reforma Judicial del Presidente López Obrador con 22 votos a favor.
Tras la publicación del dictamen, Verificado detectó que comenzaron a circular algunas desinformaciones, datos engañosos y sobre todo, cuestionamientos en torno a la reforma y sus implicaciones, por lo que nos dimos a la tarea de verificar dichos datos.
Con la reforma al Poder Judicial se llevaría a cabo la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces.
AMLO ha insistido en que la iniciativa eliminaría la corrupción que existe entre los integrantes de este poder. Sin embargo, un nombramiento por voto popular no garantiza que un ministro, magistrado o juez dejará de ser corrupto.
Además, la reforma permitirá que ministros, magistrados y jueces en activo puedan contender en la elección para repetir su cargo o buscar un nuevo puesto dentro del Poder Judicial.
El presidente ha criticado a las y los jueces por poner como excusa el ser amenazados para liberar a presuntos delincuentes cuando en realidad hay dinero de por medio, pero con la reforma los jueces podrían reelegirse de manera indefinida en su puesto una vez terminado su encargo.
Profesionales de derecho han expuesto otros vacíos en la reforma que podrían originar nuevos espacios para la corrupción, por ejemplo, los comités de evaluación de los perfiles que deseen participar en la elección de ministros, magistrados y jueces.
La propuesta de reforma no detalla las vías por las cuales serán elegidos y solo menciona que deberá tratarse de personas expertas y reconocidas en la actividad jurídica, lo que puede dar lugar a casos de corrupción y nepotismo dentro de las nominaciones y las mismas elecciones.
En esta materia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez explica que reformar «la maltrecha justicia mexicana es indispensable», pero que la iniciativa presidencial ha dejado de lado aspectos que, «verdaderamente, contribuirían a combatir la corrupción y ampliar el acceso a la justicia» como :
- Reconstruir a las fiscalías, incluyendo a la Fiscalía General de la República (FGR) dado que el gran problema de impunidad de México tiene que ver, no sólo con jueces, sino ante todo con ministerios públicos.
- Fortalecer la justicia local, pues tanto los principales problemas de la justicia, como los más graves problemas de falta de independencia e imparcialidad se encuentran sobre todo en los poderes judiciales locales.
- Rediseñar todo el esquema de las policías encargadas de investigar los delitos, pues a menudo realizan investigaciones de forma deficiente, corrupta y/o violando los derechos humanos.
- Incrementar las capacidades técnicas y la independencia de los servicios periciales para que no sean susceptibles a la influencia política indebida y dejen de estar rebasados de carga laboral.
- Acrecentar las capacidades, recursos y personal de las defensorías, sobre la base de lo que ha logrado el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que las personas más desaventajadas puedan acceder a asesoría y representación legal de calidad.
La organización incluye también, el mejorar la carrera judicial tanto a nivel federal como estatal, repensar la distribución territorial de la justicia, ampliar el acceso al juicio de amparo, mejorar el monitoreo patrimonial oficioso a las personas juzgadoras y regular el ejercicio de la abogacía.
La organización México Evalúa también coincide que el personal del Poder Judicial que está en protesta, sabe que una verdadera reforma judicial debería enfocarse en perfeccionar los servicios de carrera y rescatar los avances en este ámbito.
En lugar de ello, la propuesta presidencial opta por elegir los puestos con el voto popular. Contrario a lo que afirman sus defensores, no es un método de selección que certifique conocimiento, imparcialidad e independencia.
El organismo explica que la reforma debería ofrecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las juezas y jueces una vez que ejerzan el cargo y que haya consecuencias cuando se detecten actos de corrupción.
En cambio, recurre a un Tribunal Disciplinario con facultades para investigar, procesar y sancionar jueces, que según México Evalúa, tampoco es la vía adecuada.
Por su diseño, constituye una forma de amenaza constante a los impartidores de justicia, lo que implica menos independencia de criterio.
El Centro de Análisis e Investigación Fundar, también señala que la elección popular de jueces no quitará la corrupción, pues la experiencia confirma que no es la mejor ruta dado que en ningún país del mundo se eligen por voto a todas las personas juzgadoras.
Esto sin considerar los sesgos que se han perfilado para las boletas: sin fotos, con la etiqueta de qué poder es quien hace las propuestas y realizando las elecciones en la misma jornada en la cual se decidirán los demás cargos de elección popular.
Según el dictamen, habrá sólo dos períodos electorales para elegir a las y los nuevos titulares del Poder Judicial, mismas que se llevarán a cabo en elecciones extraordinarias en 2025 y ordinarias en 2027.
Tanto el presidente López Obrador, como la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz aseguran que la reforma al Poder Judicial no afectaría a las y los trabajadores y que se respetarían sus derechos laborales «en su totalidad».
Sin embargo, la iniciativa sí marca que al extinguirse los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, tendrán que cubrirse con recursos del Presupuesto de Egresos de cada año, el pago de pensiones complementarias, los apoyos médicos y otras obligaciones.
Pero la designación de funcionarios por voto popular implica la desaparición la carrera judicial y la conformación de una nueva escuela de formación y por tanto, el ascenso a cargos de ministras, magistrados y jueces ya solo será mediante voto popular.
El sistema de ascensos por carrera judicial que podría desaparecer con la reforma es un mecanismo dentro del Poder Judicial de la Federación que regula el ingreso, formación, evaluación, desempeño y permanencia de las y los trabajadores.
Primero se debe acceder al cargo de oficial judicial; posteriormente al cargo de secretario/a y permanecer cinco años en este puesto para finalmente poder concursar en un examen (de alta complejidad) para ser aspirar a ser juez o jueza federal.
La propuesta de reforma judicial de López Obrador también plantea despedir a todas y todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025 y mantiene a las y los magistrados del Tribunal Electoral hasta el 2027, año en el que todas las personas magistradas y juezas federales del país se habrían renovado mediante voto popular.
Por otro lado, en sus conferencias matutinas AMLO ha condicionado a los actuales ministros y ministras a presentar su renuncia a cambio de poder recibir su retiro.
La reforma al Poder Judicial también plantea que quienes aspiran a ser jueces puedan participar aun sin tener experiencia laboral, a diferencia de los cinco años que establece la Ley de Carrera Judicial.
Los requisitos según la reforma son:
- Contar con un título en Derecho.
- Promedio mínimo de 8 en la licenciatura y promedio de 9 en materias afines al encargo por el que contienden.
- Presentar un ensayo con la exposición de motivos para ocupar cualquier cargo.
- Cinco cartas de referencia.
De igual forma, para ser ministro de la Corte se eliminó el requisito de tener al menos 35 años de edad, y se estableció un mínimo de 5 años de experiencia, a diferencia de los 10 años que marca el artículo 95 de la Constitución.
Ante estos cambios, especialistas advierten que la experiencia en estos cargos va más allá de lo que ofrece la universidad y que se tendría que requerir no sólo experiencia laboral, sino experiencia específcamente en el Poder Judicial o abogacía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que, a mayor responsabilidad, más exigentes deben ser los requisitos y más riguroso el proceso de designación, ya que sus decisiones inciden en la vida de las personas y desempeñan funciones con impactos en toda la sociedad.
Por lo anterior, el Observatorio de Designaciones Públicas, proyecto impulsado por Article 19 y Fundar señala que los requisitos planteados en la reforma resultan sumamente laxos, pues no fortalecen las características de idoneidad ni independencia que requieren estas importantes funciones públicas.
Además, las disposiciones no establecen claramente cómo debe ser el trabajo de los comités de evaluación, dejando a discreción el uso de metodologías de evaluación rigurosas y objetivas y por el contrario, la definición final será por insaculación. Es decir, por tómbola, dejando a la suerte nuestro derecho a la justicia.
El pasado 19 de agosto, López Obrador cuestionó «¿con qué cara los ministros y con qué cara los del Consejo Coordinador Empresarial están defendiendo al Poder Judicial, si un ministro viola la Constitución y gana cuatro veces más que lo que gana el presidente de la República?».
El Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación 2024 confirma que los ministros sí ganan más que el presidente, pues perciben anualmente 3 millones 793 mil 644 pesos, mientras que el jefe del ejecutivo recibe 1 millón 992 mil 214 pesos netos según los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.
Una diferencia de 1 millón 801 mil 430 pesos anuales, lo que significa que los ministros ganan el doble no «cuatro veces más» como dijo AMLO.
Incluso, la misma iniciativa de reforma judicial enviada por el presidente coincide en esto al mencionar que el Presupuesto de Egresos para 2023 asignó a los 11 ministros y ministras de la SCJN una remuneración neta de 314 mil 499 pesos al mes. “Es decir, el doble o el 102% encima de la del presidente de la República”.
En octubre de 2023, Verificado de igual forma aclaró que los ministros no ganan cuatro veces más que el presidente, en ese entonces fue aprobada la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Una propuesta que de igual forma, AMLO justificó diciendo que «no afectaría a los trabajadores» y que la Suprema Corte hasta la fecha, mantiene en suspensión definitiva.
El presidente López Obrador, la presidente electa Claudia Sheinbaum e Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados han descartado que la reforma al poder judicial conlleve riesgos económicos.
Pero múltiples calificadoras, institutos, organizaciones, especialistas y otros medios que realizan verificación de datos han expuesto que la reforma judicial disminuiría la confianza y seguridad jurídica de inversionistas, lo que podría generar impactos económicos como:
- La consecuente fuga de inversiones.
- La elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia y la inhibición de la inversión.
- El costo de paralizar los juicios en curso.
- El costo de los tiempos en lo que se asumen las nuevas administraciones judiciales.
- Multas por el incumplimiento de tratados.
- Costos de organizar una elección de más de 7,000 puestos judiciales por todo el país y los costos de capacitación de quienes llegarán a cargos judiciales.
- Multas por el incumplimiento de tratados.
México Evalúa puntualiza que a pesar de que el dictamen de la iniciativa de reforma establece algunas reglas para una entrada en vigor gradual, esta no advierte un plan de implementación robusto.
Por lo que de aprobarse, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados estarían incurriendo en una irresponsabilidad al sostener que la reforma no costará nada, ya que se están disimulando los costos directos e indirectos anteriormente señalados, explica la organización.
Al momento de realización de esta verificación, se cumple la primera semana del paro indefinido de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes rechazan la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta situación ha levantado cuestionamientos sobre el nivel de aceptación de la reforma, pues en junio de 2024, tanto el presidente como Morena aseguraron que la gente está «a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, magistrados y ministros, que la mayoría quiere eso».
Ese mes, Morena realizó una encuesta a 3 mil 855 personas, cuyos resultados arrojaron que el 80% de las personas encuestadas están a favor de la reforma al Poder Judicial.
Sin embargo, la mitad de las personas encuestadas no conocían la iniciativa, en promedio 51.3 por ciento de las personas encuestadas no estaban enteradas de la propuesta de reforma al Poder Judicial.
Entre la cantidad de personas encuestadas y la falta de detalles en la metodología, las encuestas levantadas en torno a la reforma al poder judicial resultaron ser poco representativas.
Con información de: Verificado