El periodista comunitario Rafael Murúa Manriquez, director de la radio comunitaria Radio Kashanay miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, Baja California Sur, fue desaparecido y posteriormente asesinado por sujetos desconocidos el 20 de enero de 2019. Desde hace 2 años había sido víctima de agresiones y habia contado con medidas de protección de las autoridades federales.
De acuerdo con información recabada por ARTICLE 19 y AMARC Capítulo México, a través de un familiar cuyo nombre se mantiene anónimo por cuestiones de seguridad, el periodista tuvo contacto por última vez a alrededor de las 20:00 hrs. del 19 de enero. “Rafael me llamó para preguntar si todo estaba bien. No supe más hasta que a las 2:00 hrs. (del día siguiente) recibí la visita de una persona (cuyo nombre también se omite por seguridad), que supuestamente estaba con Rafael y quien me informó que se lo habían llevado”.
Esta persona vio por última vez a Rafael, cuando bajó del automóvil del periodista para ingresar por unos momentos a un edificio. Al salir vio las puertas abiertas y que el motor estaba encencido, mientras un sujeto huía del lugar.
Rafael había sido víctima de agresiones por su labor de comunicador desde 2017. Estas se fueron agravando ya que desde el 1 de junio de ése año empezó a recibir mensajes intimidatorios de un sujeto presuntamente vinculado con la delincuencia organizada quienes le exigían eliminar una nota periodística sobre una persona sentenciada, así como para publicar notas en contra de la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, la persona que lo intimidaba en ese momento le decía a Rafael que en cuanto eliminara la nota podía “pasar a cobrar”. El periodista respondió que no se iba a meter ni en favor ni en contra, frente a lo cual su interlocutor contestó con un mensaje de voz: “¡No te estoy pidiendo un favor, te estoy diciendo que lo subas, periodista!” A partir de ese momento, Rafael decidió autocensurarse, desplazarse temporalmente fuera de su municipio con apoyo de AMARC Capítulo México y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sus familiares informaron que el Mecanismo Federal de Protección, de la Secretaría de Gobernación (Segob), asignó algunas medidas de infraestructura en su domicilio y un botón de asistencia, sin embargo hasta el día de hoy no se han terminado de instalar totalmente. Trás un periodo desplazado en 2017, Rafael decidió regresar a su ciudad natal para continuar con el proyecto de la Radio Kashana.
Posteriormente, el 29 de octubre de 2018 publicó en su página #Gonzoladorque estaba siendo víctima de amenazas por parte del presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado a partir de una nota publicada titulada “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado”[1]
En dicho blog, el periodista denunció que tras la publicación de esa nota, en la noche “me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Dos días después una muchedumbre de adultos golpeó estruendosamente, en repetidas ocasiones, las rejas de la cochera de mi hogar. Enseguida al otro extremo de la casa una bala quebró una de las ventanas del segundo piso.”[2]
A partir de ello, familiares confirmaron que Rafael constantemente afirmaba que tenía miedo. “Incluso me llegó a decir que él estaba seguro que lo querían desaparecer y asesinar. Esto fue en diciembre de 2018, sin embargo no estaba convencido de irse porque no quería abandonar la radio comunitaria”.
De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado un total de 122 periodistas asesinados en México. A escasos 2 meses de que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han ocurrido dos asesinatos con algún vínculo probable con su labor: Jesús Alejandro Márquez en Nayarit, el 2 de diciembre de 2018, y Rafael Murúa Manríquez, el 20 de enero de 2019, en Baja California Sur.
Cabe señalar que la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur emitió la noche de ayer una comunicado donde informó del hallazgo de un cuerpo sin vida en el kilometro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio, en el municipio de Mulegé, identificando a Rafael Murúa como la víctima. En él, la Procuraduría estatal refirió que “procedieron al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de tres envoltorios con vegetal verde y seco, con las características de la marihuana y otras evidencias”.
ARTICLE 19 y AMARC Capítulo México condenan el comunicado emitido por parte de la Procuraduría de Baja California Sur, que señala y enfatiza el presunto hallazgo de “marihuana” al encontrar el cuerpo de Rafael Murúa. Este pronunciamiento constituye un discurso oficial estigmatizante, tendiente a criminalizarlo y omite la calidad de periodista de Murúa así como las amenazas de las que estaba siendo víctima con pleno conocimiento del Estado.
De igual modo, en dicho comunicado la Procuraduría afirmó que el cuerpo del periodista fue encontrado con “diversas perforaciones en el torax”. No obstante, de manera inexplicable la misma Procuraduría afirmó hoy en rueda de prensa que Murúa fue hallado con un impacto de bala en la cabeza. Estas inconsistencias señalan la falta de rigurosidad de la investigación y son una violación al derecho de los familiares del periodista a conocer la verdad.
El presidente López Obrador en sus primeros días de gobierno refirió que “vamos a dar protección a todos los ciudadanos y a los periodistas”. Hechos como los ocurridos al periodista Rafael Murúa, no dan señales claras de cumplir con sus obligaciones de prevención y protección para las y los periodistas en el país.
Por ello las organizaciones firmantes exigen que el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador dé a conocer inmediatamente la estrategia trazada para garantizar una política de Estado que prevenga, proteja, investigue y repare el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Al ser México uno de los países con mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo, el gobierno federal tiene una alta responsabilidad en garantizar protección a las y los periodistas, para que desempeñen su labor sin ningún tipo de intimidación, amenazas o cualquier agresión, siendo vital que se adopten políticas integrales con enfoques preventivos pero también el combate a la impunidad será un factor totalmente esencial frente a esta problemática.
ARTICLE 19 y AMARC Capítulo México exigen al gobierno de Baja California Sur, encabezado por Carlos Mendoza Davis, así como a las autoridades del municipio de Mulegé, a cumplir de manera cabal, eficiente y sin excepción alguna, con sus obligaciones de proteger y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el estado, comenzando por cumplir las recomendaciones individuales pero también estructurales, que le ha girado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación 91/2018, así como las emitidas dentro de la Recomendación General 24/2016, dirigida a todos los gobiernos estatales y municipales, para realizar acciones tendentes a garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las y los periodistas en situación de riesgo.
Asimismo, exhortamos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a ejercer su facultad de atracción respecto a la desaparición y posterior privación de la vida del periodistas comunitario Rafael Murúa Manríquez, y a investigar los hechos con diligencia, eficiencia y exhaustividad, tomando como principal línea de investigación su labor periodística y las agresiones previamente denunciadas.
Finalmente se exige al Mecanismo Federal de Protección rendir cuentas sobre las actuaciones y omisiones generadas por dicha institución en el caso, así como garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de la familia de Rafael Murúa, así como de las y los periodistas cercanos a él.
Al periodista Murúa lo amenazaban para que publicara en contra de marinos
