El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de votos admitir para su discusión y análisis una de las 10 consultas a trámite que hizo la ministra Presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, para analizar si se admiten o no las impugnaciones que han presentado jueces y magistrados federales para tratar de frenar la reforma judicial.
Por mayoría de ocho votos, los ministros coincidieron en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) le otorga facultades al Máximo Tribunal para resolver conflictos legales que afecten la autonomía del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus integrantes para poder emitir resoluciones.
Con los votos en contra de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, los ministros y ministras de la Suprema Corte avalaron el proyecto de sentencia que proponía admitir a trámite una consulta a trámite presentada por la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (Jufed) en la que se advierte que la reforma judicial vulnera la autonomía del Poder Judicial de la Federación y la división de poderes.
De acuerdo con las consideraciones que se debatieron, el Pleno del Máximo Tribunal sí tiene atribuciones para “conocer y dirimir cualquier controversia” suscitadas al interior del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos constitucionales 94, 97, 100 y 101, la cual es reconocida de forma amplia por el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, por lo que la admisión a trámite de la primera consulta es solo para analizar cuál es el límite de esta facultad.
Los ministros y ministras advirtieron que aceptar la consulta de los magistrados todavía no implica un pronunciamiento definitivo sobre la facultad de la Suprema Corte para revisar la reforma judicial y tampoco prejuzga sobre el contenido de la propia reforma, ya que primero debe aprobar una sentencia para definir las facultades que le otorga su ley orgánica para realizar un análisis de la reforma constitucional.
Durante el debate para admitir a trámite las consultas, la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la posibilidad de revisar la reforma judicial “es el preámbulo de un golpe Estado constitucional de derecho” en contra de las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo en su calidad de Poder Constituyente Reformador.
Agregó que la revisión de las reformas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia equivale a agregar “una etapa más al procedimiento legislativo, previsto en el artículo 135 de la Constitución” y en arrogarse una facultad que la Carta Magna no le dio al Máximo Tribunal que es la de “enjuiciar” a la propia Constitución”.
“La prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución, y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza”.
La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución, quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de qué la Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo”, sentenció.
En respuesta, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advirtió que no se puede hablar de “arbitrariedad o el golpismo” cuando la Suprema Corte de Justicia actúa con fundamento en las leyes emitidas por el propio Congreso de la Unión y de un escrito “promovido por personas que también forman parte del pueblo de México”, además de que los jueces y magistrados federales que gozan por mandata constitucional “de una garantía de independencia y de autonomía”.
En este marco, recordó que integrantes de Morena y juristas del actual régimen como la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, solicitaron en su momento revisar reformas constitucionales mediante juicios de amparo.
“Recordemos, en lo general, que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo, nadie en ese momento los acusó en este Pleno de golpistas”, reviró.
Agregó: “Sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 de 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años”.
Por último, advirtió que el uso de calificativos como golpistas afecta el diálogo constructivo.
“Considero, con el mayor de los respetos, que el ataque e incluso el uso de calificativos y la licencia de términos clausura la deliberación de este órgano y nos desincentiva un diálogo constructivo en el que la misma Ministra Lenia Batres tiene mucho por aportar”, concluyó.
Con información de: Aristegui Noticias