Las leyes, reglamentos, protocolos y registros en materia de seguridad pública y privada son estrictos en México y a pesar de ello, directivos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hicieron caso omiso a este marco legal, al contratar a una empresa de seguridad privada que no está cumpliendo con las leyes respectivas.
De acuerdo a información detectada en la Plataforma México, que es el sistema de información que integra las bases de datos relativas a la seguridad pública, la empresa FIRASE está registrando trabajadores que no cuentan con el total de requisitos básicos para formar parte de los cuerpos de seguridad.
Según diversas fuentes, dicha empresa fue autorizada por la UASLP para brindar servicios de seguridad en algunos de sus espacios. Sin embargo, tienen contratados entre sus filas a personas que no nacieron en México ni cuentan con la cartilla del Servicio Militar Mexicano. Se trata de personas en su mayoría provenientes de Centro América, que cuentan con permisos especiales para trabajar en México, pero eso no los acredita para formar parte de cuerpos policiacos o de seguridad, ya que se establece en el marco legal que rige a este tipo de corporaciones, que deben ser nacidos en México y como tal, registrar esa información oficial y legalmente válida en las plataformas correspondientes.
Lo más grave del caso es que no sólo el rector Alejandro Zermeño pasó por alto estas disposiciones, sino que el secretario general de la UASLP, Federico Garza Herrera, hizo caso omiso al marco jurídico y contrataron a la empresa FIRASE. Como es del dominio público, Garza Herrera es abogado con maestría y cuenta con una amplia trayectoria, incluso fue Fiscal General del Estado y a pesar de ello está permitiendo la violación al marco legal.
Las fuentes precisaron que para todas las corporaciones es necesario que el personal que se acredita como empleados que fungirán como elementos policiacos, deben darse de alta en una plataforma que emite un registro único, denominado CUIP, es decir una Clave Unica de Identificación Permanente. Dicha clave es generada por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública a todas las personas que trabajan en instituciones o corporaciones relacionadas con la seguridad pública. Dichos controles son para garantizar el seguimiento de quienes prestan estos delicados servicios de seguridad y vigilancia.
Las leyes, reglamentos, protocolos y registros en materia de seguridad pública y privada son estrictos en México y a pesar de ello, directivos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hicieron caso omiso a este marco legal, al contratar a una empresa de seguridad privada que no está cumpliendo con las leyes respectivas.
De acuerdo a información detectada en la Plataforma México, que es el sistema de información que integra las bases de datos relativas a la seguridad pública, la empresa FIRASE está registrando trabajadores que no cuentan con el total de requisitos básicos para formar parte de los cuerpos de seguridad.
Según diversas fuentes, dicha empresa fue autorizada por la UASLP para brindar servicios de seguridad en algunos de sus espacios. Sin embargo, tienen contratados entre sus filas a personas que no nacieron en México ni cuentan con la cartilla del Servicio Militar Mexicano. Se trata de personas en su mayoría provenientes de Centro América, que cuentan con permisos especiales para trabajar en México, pero eso no los acredita para formar parte de cuerpos policiacos o de seguridad, ya que se establece en el marco legal que rige a este tipo de corporaciones, que deben ser nacidos en México y como tal, registrar esa información oficial y legalmente válida en las plataformas correspondientes.
Lo más grave del caso es que no sólo el rector Alejandro Zermeño pasó por alto estas disposiciones, sino que el secretario general de la UASLP, Federico Garza Herrera, hizo caso omiso al marco jurídico y contrataron a la empresa FIRASE. Como es del dominio público, Garza Herrera es abogado con maestría y cuenta con una amplia trayectoria, incluso fue Fiscal General del Estado y a pesar de ello está permitiendo la violación al marco legal.
Las fuentes precisaron que para todas las corporaciones es necesario que el personal que se acredita como empleados que fungirán como elementos policiacos, deben darse de alta en una plataforma que emite un registro único, denominado CUIP, es decir una Clave Unica de Identificación Permanente. Dicha clave es generada por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública a todas las personas que trabajan en instituciones o corporaciones relacionadas con la seguridad pública. Dichos controles son para garantizar el seguimiento de quienes prestan estos delicados servicios de seguridad y vigilancia.