“Los más de 5 mil días han sido un infierno, una injusticia y un abuso de poder”, asegura Yolanda Pérez Cruz, esposa de Pablo López Alavés, defensor comunitario recluido desde hace 14 años en penal de Etla, por defender su bosque y el agua de su comunidad zapoteca de San Isidro Aloapam en Ixtlán.
De tener una vida comunitaria honrosa, sembrar sus alimentos -maíz, frijol y calabaza- y alimentar a sus gallinas, hoy en día Yolanda deambula de un lado a otro para sobrevivir a la ausencia de su esposo de 57 años, detenido arbitrariamente y acusado de homicidio de uno de los pobladores de su comunidad, por el gobierno priista de Ulises Ruiz Ortiz.
La sentencia contra Pablo fue ratificada en el 2020 y Yolanda sigue viviendo amenazas por exigir justicia, pues en su comunidad pareciera que nadie tiene derecho la defensa territorial.
“Hasta ahora todo ha sido muy difícil para mí”, describe la mujer de pelo plateado y voz firme, que no comprende porque su esposo está en el penal, cuando lo único que quería era evitar que talaran arboles y acabaran con los cuerpos de agua de la zona.
Recordó que los bosques – que Pablo defendía -Ixtashuni (cerro reducido), talac- bi (agua paloma), y el termalino que era un ojo de agua, así como Agua Molino, son considerados sagrados y no tenían permiso para que personas ajenas a la comunidad extrajeran agua y talaran maderas preciosas.
La mujer explica que la tala de arboles no se ha detenido durante los 14 años que Pablo ha estado en la cárcel.
“Nos seguimos quedando sin árboles, el agua cada vez está más escasa y Pablo sigue encarcelado”, dice Yolanda, que tuvo que aprender a hablar español para comunicarse.
Cada semana, Yolanda procura visitar a su esposo; para ello se desplaza durante 3 horas hasta llegar al penal y recoger las piezas de madera que elabora como artesano en la reclusión.
Yolanda y Pablo también son padres de familia. Tuvieron cinco hijos y un nieto, quienes de acuerdo con la propia Yolanda, han pagado las consecuencias como la criminalización, el acoso, el desprecio y el racismo por exigir su libertad.
“Te cambia la vida, a mí me la cambió totalmente, dejé mi parcela, mi ranchito, para ahora estar acá en una ciudad donde vivo acelerada, trabajando para poder comer, y sin cansarme de exigir justicia”.
Además de Pablo, otras 8 personas también fueron detenidas, entre ellas una mujer autónoma y ama de casa. El año pasado obtuvieron su libertad, la esperanza ahora es que Pablo, sea el ultimo perseguido y encerrado por el estado oaxaqueño.
Yesica Sánchez Maya, defensora y directora de Consorcio Oaxaca, enfatizó que la entidad es la punta de lanza de la criminalización de personas, ya que los últimos gobiernos no han abogado por la libertad del defensor.
La defensora afirmó que el actual gobierno tampoco ha mostrado interés en el caso. El gobernador morenista, Salomón Jara Cruz, no ha querido ayudar a Pablo para dejarlo en libertad, dijo.
“Salomón (Jara) no ha tomado cartas en el asunto. Este caso de Pablo es conocido internacionalmente, pues no es posible que un defensor del bosque, que ama su territorio, por eso lo defiende, lleve 14 años encarcelado, eso es un abuso tremendo”.
El Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association revisó y analizó documentos del caso y confirmó las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria y prisión preventiva, así como la conclusión del tribunal federal sobre la violación de su derecho a una participación efectiva.
Este organismo internacional determinó que, en repetidas ocasiones, los tribunales no le han proporcionado un análisis jurídico adecuado ni imparcialidad con arreglo al derecho internacional y nacional.
Dijo que las decisiones judiciales han aceptado los testimonios de cargo que eran inconsistentes y contradictorios. Por otra parte, las pruebas de descargo incluyen documentos de autoridades locales que afirman que Pablo López Alavés se encontraba en una comunidad diferente el día de los hechos.
Sin embargo, estos elementos fueron reiteradamente desestimados con enrevesadas justificaciones.
“En conjunto, el tratamiento de las pruebas en este caso violó el derecho del Sr. López Alavés a un tribunal competente e imparcial, así como la presunción de inocencia”.
Con información de: Aristegui Noticias