San Luis Potosí padece una ola de empresas de seguridad que carecen de los permisos y certificaciones para prestar servicios de vigilancia a particulares, lo que pone en riesgo no solo la inversión de los clientes, sino el resguardo de su patrimonio, familia y privacidad.
Las empresas que prestan servicios de vigilancia con cámaras de video, alarmas, entre otros servicios, deben contar con las certificaciones respectivas que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en la División de Seguridad Privada. Sin embargo, en los últimos meses se ha observado un incremento en la oferta de empresas de dudosa calidad porque ofrecen los servicios a más bajo costo, pero no garantizan equipos ni instalaciones de acuerdo a la importancia del servicio.
Incluso se ha detectado que algunas de las empresas patito, colocan las videocámaras de vigilancia hasta en árboles mal instaladas o postes de la vía pública, lo cual debería provocar que las autoridades las detectaran y procedieran a retirarlas, lo que tampoco está ocurriendo.
Empresarios del ramo, hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que vigilen y -en su caso- sancionen a quienes no estén cumpliendo con la normatividad vigente, porque representan, no solo una competencia desleal, sino que están incurriendo en ilegalidades que terminan por afectar a la ciudadanía.
Señalaron que se han detectado prestadores de servicios de vigilancia y seguridad que están llegando de ciudades como Celaya, Guanajuato y Querétaro algunos de los cuales no cuentan con los permisos ni las certificaciones que la autoridad debería estar otorgando.
Otros fines indebidos
Hace algunos días en el vecino estado de Guanajuato se realizó un operativo a cargo de las autoridades estatales en varias ciudades como León y Celaya, en donde se recogieron varias cámaras de videovigilancia que estaban mal instaladas y que en apariencia no tenían dueño, sin embargo, varios días después algunas personas acreditaron la propiedad de dichas cámaras, aunque se detectó que no prestaban los servicios de manera adecuada. Otros dispositivos recogidos, resultaron que estaban al servicio de grupos del crimen organizado.
Las familias o empresarios buscan proteger sus familias y patrimonio contratando servicios de seguridad privada, sin embargo, las empresas pequeñas o improvisadas incumplen con la regulación debida y las autoridades llegan a permitir que se arriesgue la seguridad de los ciudadanos al tolerar esas condiciones.
En el estado de Guanajuato y en otras entidades, se han detectado cámaras de vigilancia de origen dudoso y que incluso en algunos casos se ha encontrado que estaban instaladas para favorecer a grupos delictivos, por lo que los empresarios del ramo, reiteraron el llamado a las autoridades en San Luis Potosí, para que se supervisen a las empresas que están prestando ese tipo de servicios.