Héctor Serrano defiende la medida como necesaria y equilibrada
Mariana Hermosillo
La reforma al Poder Judicial de San Luis Potosí, aprobada recientemente, ha generado preocupación en el sector empresarial, que advierte posibles riesgos para la estabilidad jurídica y económica del estado.
Representantes del Consejo Empresarial Potosino han señalado que la elección popular de jueces y magistrados, programada para 2025, podría crear un clima de incertidumbre que afecte las inversiones, sobre todo extranjeras, y con ello, la generación de empleos en la región.
En contraste, el diputado Héctor Serrano destacó que la reforma responde a una necesidad social de mayor transparencia en el sistema judicial y aseguró que no habrá afectaciones económicas para los potosinos.
“San Luis Potosí se coloca a la vanguardia con decisiones que fortalecen la democracia. Esta medida busca garantizar justicia libre de influencias políticas, sin que ello implique un riesgo financiero”, afirmó. Serrato también subrayó que el proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas, salvo el PRI, que se opuso en bloque.
Pese a las declaraciones del legislador, los empresarios temen que el proceso electoral de jueces genere divisiones políticas y comprometa la confianza de los inversionistas. Además, han pedido al Congreso garantías sobre la independencia judicial tras la reforma. “La estabilidad jurídica es un pilar para el desarrollo económico, y cualquier señal de incertidumbre puede tener efectos negativos en la competitividad del estado”, apuntaron en un comunicado. Mientras tanto, Serrano instó a los diversos sectores a colaborar en el fortalecimiento de la justicia potosina, defendiendo la medida como un avance histórico.