Legisladores prometen incentivos para prácticas más responsables
Mariana Hermosillo
El diputado Emilio Rosas reconoció que la implementación del Impuesto Verde, programada para enero de 2025, representa un reto tanto para las autoridades como para los empresarios de San Luis Potosí. Aunque el objetivo de la medida es reducir las emisiones contaminantes, Rosas subrayó la necesidad de garantizar transparencia en las reglas de operación y en el destino de los recursos recaudados. “Es importante que estas reglas brinden certidumbre a los empresarios y detallen los beneficios que podrían obtener al cumplir con la normativa”, comentó.
La socialización de la iniciativa con cámaras empresariales ha generado inquietudes sobre los costos que este gravamen podría implicar para sectores industriales y comerciales. Rosas explicó que, aunque todos los impuestos tienen un impacto, es fundamental que este se traduzca en beneficios ambientales y de salud pública, como la disminución de enfermedades relacionadas con la contaminación. En el próximo periodo legislativo, aseguró, se buscarán incentivos adicionales para empresas comprometidas con prácticas sostenibles.
Por su parte, las autoridades responsables del proyecto, encabezadas por la Sedeco, la Segam y la Secretaría de Finanzas, se comprometieron a mantener un diálogo abierto con los sectores productivos. Aunque reconocen los desafíos de la transición hacia tecnologías más limpias, insistieron en que esta medida es necesaria para fomentar un desarrollo económico más responsable en el estado.
Impuesto Verde iniciará en 2025 con impacto económico incierto
