La administración del presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de utilizar las instalaciones para migrantes en la base militar de Guantánamo, en Cuba, como un centro de detención para personas en situación irregular dentro de Estados Unidos.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, confirmó esta información en una entrevista con la cadena Fox News. Al ser consultada sobre la transferencia de detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la base, indicó que el Gobierno está evaluando diversas estrategias para expulsar a extranjeros sin estatus legal, especialmente aquellos provenientes de países que no aceptan deportaciones, como Venezuela y Cuba.
“Estamos evaluándolo y debatiéndolo en este momento. Es una decisión del presidente, pero es un recurso y vamos a seguir explorando cómo podemos utilizar todos nuestros recursos para mantener a Estados Unidos seguro”, declaró Noem.
La base de Guantánamo, inaugurada en 2002 durante el gobierno de George W. Bush, fue inicialmente establecida como un centro de detención en el contexto de la “guerra global contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque su función principal ha sido albergar a acusados de terrorismo, cuenta con áreas destinadas a migrantes.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado la falta de transparencia y supervisión legal en estas instalaciones, lo que deja a los detenidos en un vacío jurídico fuera del alcance de las leyes migratorias estadounidenses.
Un reportaje publicado en septiembre de 2024 por The New York Times, basado en documentos internos del Gobierno, expuso las condiciones precarias en la base. Entre las denuncias destacadas, se mencionan el uso de gafas de visión opaca durante los traslados, la presunta vigilancia de llamadas con abogados y la presencia de roedores en algunas zonas.
Las fuentes citadas en la investigación también señalaron que los espacios destinados a migrantes en Guantánamo carecen de la supervisión constante que se aplica en otros centros de detención dentro de Estados Unidos.
La posible utilización de esta base para retener a personas en situación irregular ha reavivado el debate sobre la política migratoria de la administración Trump, que ha intensificado los controles fronterizos y reforzado las medidas contra quienes no poseen estatus legal en el país. A pesar de las críticas de organismos internacionales, el Gobierno sostiene que estas acciones buscan disuadir la inmigración irregular y garantizar la seguridad nacional.
Con información de: Contra Réplica