Marcela Loyola
La abogada Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez denunció discriminación por parte de la Fiscalía General del Estado, luego de que se le impidiera el acceso en compañía de su hija, bajo el argumento de un supuesto “protocolo” que restringe el acceso a niñas y niños a estas instalaciones, vulnerando los derechos fundamentales de la abogada y evidenciando la exclusión sistemática que enfrentan las mujeres que son madres y profesionales al mismo tiempo.
La afectada relató que, el pasado miércoles 5 de febrero de 2025, acudió a una cita con la titular de la Vicefiscalía Jurídica, para realizar trámites propios de su ejercicio profesional. Momentos antes, había tenido que llevar a su hija a consulta médica debido a un tema de salud imprevisto, por lo que la menor tuvo que acompañarla a la diligencia, pero el intentar ingresar al edificio, el personal de seguridad le impidió el acceso, argumentando la existencia de un protocolo que prohíbe la entrada de menores de edad.
Ante el impedimento de acceder solicitó información sobre el protocolo, pero no recibió ninguna respuesta clara. Ante esta negativa, llevó a cabo una revisión en el sitio web y redes sociales de la Fiscalía General del Estado, sin encontrar referencia alguna a la existencia de tal normativa, lo que demuestra que la negativa de acceso no responde a una disposición institucional transparente, sino a una práctica arbitraria y discriminatoria.
La abogada Viera Gutiérrez tuvo que esperar por un largo periodo hasta que, finalmente, y tras la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se le permitió el ingreso con su hija. Posteriormente, presentó una queja formal ante la CEDH con el objetivo de evitar que este tipo de actos vuelvan a repetirse y que ninguna otra madre sea sometida a una situación similar.
Lamentó que, la decisión de impedir el acceso de la abogada y su hija no es un hecho aislado, sino un reflejo de un problema estructural que afecta a muchas mujeres en el ejercicio de su profesión, pues se trata de una forma de violencia institucional que limita las oportunidades de las mujeres al imponerles condiciones injustas para poder desempeñar su labor. “No se puede permitir que la maternidad sea utilizada como un criterio de exclusión en los espacios de justicia ni en ninguna otra área profesional”.