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VIDEO | Denuncian irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados del Poder Judicial

Marcela Loyola

Luego de que el Comité de Evaluación del Congreso del Estado había anunciado que Sabás Santiago Ipiña Ramírez entraba directo a la boleta para elección de juez de oralidad del Poder Judicial del Estado por ser de los mejor evaluados, una víctima irrumpió en el auditorio para presentar copias de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado donde involucra al aspirante al cargo judicial en el asesinato de sus dos hijos en el año 2020.

De acuerdo a la ampliación de demanda en el 2022, la víctima Rosalinda Avalos Reyes vincula a Sabás Ipiña alias “Mexqui”, entonces agente activo de la Policía Ministerial, en el asesinato de sus hijos Carlos Osiel y Daniela Vionette Aguilar Avalos y por los delitos de Asociación Delictuosa, delitos cometidos por servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, ejercicio ilícito de las funciones públicas y falso testimonio.

En lo que respecta a Sabás, considerado por el Comité de Evaluación del Congreso potosino como uno de los mejores evaluados para contender por un juzgado de oralidad, el documento de Rosalinda relata su relación con un capo de un cartel de la delincuencia organizada.

Cuando estaban por dar paso a la tercera insaculación en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del Congreso del Estado, Rosalinda reclamó a los integrantes del Comité de Evaluación el por qué habían incorporado a Sabás como el séptimo mejor evaluado y por lo tanto entrar en automático a las boletas electorales; así como no investigar que era inelegible por no cumplir con el requisito de haber sido litigante en los últimos cinco años ya que era policía en activo y luego pensionado por incapacidad física tras ser herido lo que le impedía litigar.

Acusó que, el aspirante a juez de oralidad también se inscribió en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y ahí no lo contemplaron como idóneo.

La presidenta del Comité de Evaluación Esther Maldonado Castillo le pidió al secretario técnico y al notario que daba fe de la tómbola, que le recibieran los escritos y se comprometió a hoy mismo definir la idoneidad o no del aspirante a juez de oralidad, Sabás Santiago Ipiña Ramírez.

Ávalos Reyes denunció la presunta infiltración del crimen organizado en el proceso de selección de jueces y magistrados del Poder Judicial, poniendo en duda la transparencia del procedimiento que se ha realizado.

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