Urge legislar el llamado “halconeo” a través de cámaras de videovigilancia para combatir el crimen, así lo reconoció el Secretario de Seguridad Pública, José Luis Ruiz Contreras.
Reconoció que las cámaras clandestinas están proliferando en diversos municipios, por lo que anticipó que este lunes se llevará a cabo por la tarde una reunión de trabajo entre los tres poderes del estado para avanzar en la discusión en torno a esta nueva legislación
Informó que, de diciembre del 2021 a la fecha, en San Luis Potosí se han asegurado más de 200 equipos de cámaras de videovigilancia en varios municipios de la entidad. Dichos equipos eran utilizadas por los grupos de la delincuencia organizada quienes los colocaron en la vía pública para monitorear operativos y respuesta de las corporaciones de seguridad, así lo reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado José Luis Ruíz Contreras.
En entrevista, destacó que ya se trabaja en coordinación con los representantes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) con el propósito de legislar y tipificar con una mayor claridad los delitos en que se estaría incurriendo con el uso inadecuado de las cámaras de videovigilancia.
Ruíz Contreras advirtió que, “continuaremos con el desmantelamiento de las cámaras de videovigilancia clandestinas y que han sido colocadas seguramente por los grupos delincuenciales. Por el momento está participando la Guardia Civil Estatal (GCE) a través del C-5 con el fin de detectar cualquier equipo que no sea autorizado por particulares y únicamente para enfocarse a la salida o entrada de sus hogares”.
Destacó la importancia de aplicar una verificación en los 59 municipios de San Luis Potosí con el fin de buscar desmantelar todos aquellos equipos que estén colocados de manera clandestina y que se demuestre que son utilizados para labores de “halconeo”, por lo que es necesario que desde el Congreso del Estado se legisle y se puedan tomar cartas en el asunto.
Cabe recordar que especialistas en el servicio de videocámaras se han pronunciado por que las autoridades estatales y municipales, apliquen verificaciones constantes sobre aquellas empresas que no cuentan con los permisos, la infraestructura o personal capacitado para brindar con el servicio e incluso se han manifestado por la creación de un padrón para conocer el número y empresas debidamente constituidas.