Marcela Loyola
La organización Ciudadanos Observando exigió la destitución de la contralora municipal, Gabriela López; el Oficial Mayor, Salvador Moreno y del secretario general del Ayuntamiento capitalino, Fernando Chávez Méndez, por presuntos actos de corrupción qué involucra las 42 unidades qué se arrendaron desde la administración pasada.
Guadalupe González, vocero de la organización, recordó que, el pasado 25 de febrero, Fernando Chávez, protagonizó un choque en el bulevar Río Santiago y Sierra Leona, presuntamente bajo los efectos del alcohol, por lo que se dieron a la tarea de investigar el vehículo que traía.
Indicó que, este auto corresponde a una pick-up JAC Friston GML de origen chino, y que portaba placas con matrícula TL 4869H, a lo que detectaron diversas y graves irregularidades que deben darse a conocer y existir sanciones.
“Recordemos que esta unidad forma parte de una flotilla de vehículos arrendados a la cuestionada empresa Casanova Vallejo que incluso fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2022. Ese mismo mes, firmó el contrato de arrendamiento DAAS/163/2022, con el Ayuntamiento de 42 vehículos, por un total de 27.6 millones de pesos en un acuerdo de 24 meses (del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024).
Sin embargo, lo alarmante es que los sobrecostos de estos vehículos alcanzaron hasta el 57 por ciento, por encima de su valor real, lo que representa un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos”, reprobó.
Expuso que, al cuestionar si el contrato de arrendamiento finalizó en septiembre del 2024, por qué Fernando Chávez seguía manejando una de estas unidades meses después, a lo que el área de comunicación social del Ayuntamiento les informó, que el oficial mayor a su vez le detalló, que al concluir el contrato se había pagado un peso por cada una de las 42 unidades arrendadas y serían propiedad del ayuntamiento.
“La camioneta mencionada con placas TL 4869H circulaba con placas sobrepuestas y estuvo involucrada en diversos movimientos administrativos que muestran inconsistencias graves en la documentación, pues para su alta vehicular el 15 de noviembre de 2022, se utilizó un INE con domicilio en Ciudad de México a nombre de Pedro Víctor Trejo García, dirección idéntica que aparece en el comprobante de domicilio de la CFE, pero ahora en la ciudad de San Luis Potosí con la misma calle y número. Se presume comprobante apócrifo y un delito”, aseveró.
El activista dijo que, además el trámite, sospechosamente fue realizado en la oficina recaudadora en el municipio de Rayón y ahí se autorizó el trámite a pesar de la discrepancia en la documentación. “Posteriormente, el 22 de noviembre se realizó el cambio de propietario. El trámite fue autorizado por el síndico municipal Víctor Hugo Salgado, sin embargo, al verificar la autenticidad de la credencial del INE, el resultado arroja que no está registrada en la base oficial del instituto”, reveló.
Luego el 6 de diciembre del 2024, tres meses después de haber terminado con contrato de arrendamiento, se realiza la baja de placas de la camioneta, pero para conseguir esto, en lugar de presentar un acta de extravío, se entregó una constancia de recepción de denuncia con fecha del 5 de diciembre del 2024 en Tlalnepantla, Edo de México donde se asegura que tres días antes les fueron robadas las placas y la tarjeta de circulación.
Otro aspecto por demás cuestionable, es que el tramite para la baja se hizo en la oficina de Av. Muñoz, una recaudadora exclusiva de transporte público (taxis y camiones), “en este trámite ilegal se presume corrupción al hacer un movimiento que no correspondía al tipo de vehículo. No olvidemos que, en su momento, la misma SCT denunció corrupción y coyotaje en esa recaudadora, al amparo de la titular de oficina, quien presuntamente se pudo haber coludido con el exsecretario de la SCT, Fernando Chávez para realizar trámites no permitidos”.
La organización Ciudadanos Observando cuestiona dónde están las demás unidades relacionadas con el contrato de arrendamiento ya mencionado, cuántos altos mandos del ayuntamiento las están usando y cuál el estatus legal de estos vehículos, además pregunta si realmente costaron un peso como lo aseguró el encargado de comunicación.
“Exigimos a las autoridades correspondientes como la Fiscalía General del Estado que abra de inmediato una investigación seria y se vaya a fondo. Al alcalde Enrique Galindo deje de encubrir y justificar los actos ilegales. Obviamente a la Contralora del ayuntamiento Gabriela López no le podemos pedir investigue, ya que fue puesta para solapar este tipo de actos y otros más graves como el caso “RICH”. Exigimos la destitución del oficial mayor Salvador Moreno por ser pieza clave en toda esta red de corrupción “, pidieron.