Kristell Vargas
La Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, informó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado está pendiente de otorgar 5 millones 608 mil pesos al organismo correspondiente al mes de abril, para el desarrollo de la elección extraordinaria del Poder Judicial 2025.
En rueda de prensa, recordó que la Sefin autorizó un presupuesto de 110 millones de pesos para la elección Judicial en San Luis Potosí, de los cuales han recibido 62 millones 171 mil 626 pesos mediante transferencias mensuales y el resto se les otorgará durante los meses de mayo y junio, de acuerdo al calendario que se estableció con la dependencia estatal.
La Presidenta del Ceepac mostró preocupación por el atraso en la asignación de recursos, ya que durante mayo incrementa la carga de trabajo para el organismo electoral respecto a la jornada electoral, debido al pago de servicios, equipamiento de las mesas y el pago de prestaciones de 89 supervisores y 537 capacitadores electorales, quienes estarán en funciones del 28 de abril al 12 de junio.
Por otra parte, comentó que la Secretaría de Finanzas también mantiene un adeudo de 100 millones 185 mil pesos al Ceepac para gastos ordinarios correspondientes al presupuesto que solicitaron para el 2025.
“Es preocupante, porque del gasto ordinario se pagan servicios básicos como agua, luz, internet, hemos estado solventando estos gastos un poco del proceso electoral, pero el dinero del proceso electoral no es para ello”, señaló la funcionaria electoral, quien reiteró la petición al Gobierno Estatal para que asigne el recurso faltante a más tardar el 15 de mayo para que no se comprometa la operatividad del organismo.
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
Blanco López mencionó que hace unos días el pleno del Ceepac autorizó una segunda adecuación presupuestal para cumplir con el convenio firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE) referente a la elección extraordinaria del Poder Judicial.
En ese sentido, dijo que estarían solicitando una ampliación presupuestal de 21 millones de pesos, monto que se estableció en el convenio con el INE para garantizar el desarrollo de la elección del Poder Judicial.